El Gobierno brasileño anunció esta semana un vasto plan de privatizaciones y concesiones para intentar reducir el agujero en las cuentas públicas, una medida que, para algunos analistas, afecta a activos "delicados" y no garantiza el fin de la crisis económica.

En total serán 57 activos entre terminales aeroportuarias, autopistas, líneas de transmisión eléctrica e importantes empresas públicas con los que el Ejecutivo espera recaudar una cifra cercana a los 44.000 millones de reales (unos 14.000 millones de dólares). La bolsa de Sao Paulo ha ganado desde el anuncio el 1,6 por ciento manteniéndose en la apertura del viernes por encima de los 71.000 puntos básicos, una cota que no se alcanzaba desde hacía más de seis años.

Entre las empresas a privatizar están Eletrobras, Lotex (Loterías) y la Casa de la Moneda, encargada de la producción de la divisa brasileña y la impresión de pasaportes.

El Gobierno del presidente Michel Temer justificó la inclusión en el plan de esta última porque "el consumo de monedas en Brasil ha caído" en los últimos años.

"Cada vez usamos menos papel moneda y la salud financiera de ella está extremadamente debilitada, con la previsión de debilitarse aún más con el avance de la tecnología", afirmó el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Wellington Moreira Franco.

Sin embargo, el economista Nelson Marconi, del centro de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV), considera que privatizar la edición de la moneda "es muy extraño" porque "es un activo que tiene que ser producido con mucha seguridad".

"Imagina entregar la producción de moneda para una empresa extranjera, queda un poco raro (...) Es un activo muy delicado como para privatizarlo y entregarlo a terceros", comentó a Efe.

Para el abogado Joao Paulo Naegele, especializado en derecho administrativo, cabe el debate "político" sobre si la Casa de la Moneda es de "relevante interés colectivo", lo que justificaría la administración imperativa del Estado.

Los recursos que obtenga el Gobierno con este paquete servirán para paliar el abultado déficit primario en las cuentas públicas del país, que cerró el primer semestre del año en 35.200 millones de reales (unos 11.000 millones de dólares), cerca de un 48 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior. El Ejecutivo se ha marcado para 2017 una meta de déficit fiscal, que no incluye el pago de los intereses de la deuda pública, de 159.000 millones de reales (unos 49.680 millones de dólares), techo que amplió en casi el 15 por ciento la semana pasada ante las dificultades para cumplir el anterior.