DESDE AFUERA
Guatemala se escuda en la pena de muerte para acabar con ríos de sangre
22 de agosto de 2017 (20:53 h.)
La pena de muerte vuelve a estar en el ojo del huracán en Guatemala, un país donde este castigo no se ha aplicado desde el año 2000 por un vacío legal. Pero los últimos ataques perpetrados por las pandillas han hecho que varios sectores intenten avivar esta pena capital, recogida en la Constitución, para acabar con la violencia.
El tiroteo que tuvo lugar el pasado miércoles frente a uno de los mayores hospitales de la capital, donde murieron siete personas y otras once quedaron heridas, ha sido utilizado para experimentar con las posibles soluciones que se deben adoptar para poner fin a la lacra de las maras y el narcotráfico, los máximos culpables de los altos índices de delincuencia.
La pena de muerte o la conocida como ley "anti-maras", que busca endurecer las penas de cárcel y las multas a los pandilleros, han sido las más exitosas. Todas tienen en común la idea de volver a implementar en este país, que no ha superado las heridas de una sanguinaria guerra civil, las políticas de "mano dura" o "tolerancia cero".
Zury Ríos, excandidata presidencial e hija del exdictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983), es una de las más férreas defensoras de la pena de muerte. Su actual partido, Visión con Valores (VIVA), ha presentado varias iniciativas de ley en el Congreso para reactivar este castigo, algo que también secunda el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Precisamente la formación política que llevó a la Presidencia del país a Jimmy Morales convocó el sábado a una manifestación pacífica para pedir a sus compañeros del Congreso que tomen conciencia de la realidad del país y que apoyen su deseo bajo el lema "por el derecho a la vida" para acabar con los ríos de sangre.
El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte, sin embargo, en los últimos años no ha podido ejecutarse debido al vacío legal que existe desde que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó en 2004 el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al Presidente suspender o no la ejecución.
Como el Estado de Guatemala, que ejecutó por inyección letal a dos secuestradores en el año 2000 por última vez, no ha restablecido la plena vigencia de este recurso de gracia, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha conmutado la pena de muerte por la máxima pena de prisión a los reos que así lo han solicitado.
Pero la indignación hacia los asesinos, los sicarios, los violadores de menores o los propios pandilleros es inevitable. El proceder de estos delincuentes ha generado tal rechazo en el ciudadano de a pie que la mayoría ha llegado a la conclusión de que la sociedad sería mejor si estas personas fueran eliminadas. Más las emociones no justifican la implementación de este castigo.
Así lo asegura a Efe el sociólogo Gustavo Berganza, quien cree que la presencia de grupos como el narcotráfico o las maras son "un síntoma de descomposición social" que la pena de muerte, en un Estado "casi fallido" como el de Guatemala, no va a resolver.
El tiroteo que tuvo lugar el pasado miércoles frente a uno de los mayores hospitales de la capital, donde murieron siete personas y otras once quedaron heridas, ha sido utilizado para experimentar con las posibles soluciones que se deben adoptar para poner fin a la lacra de las maras y el narcotráfico, los máximos culpables de los altos índices de delincuencia.
La pena de muerte o la conocida como ley "anti-maras", que busca endurecer las penas de cárcel y las multas a los pandilleros, han sido las más exitosas. Todas tienen en común la idea de volver a implementar en este país, que no ha superado las heridas de una sanguinaria guerra civil, las políticas de "mano dura" o "tolerancia cero".
Zury Ríos, excandidata presidencial e hija del exdictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983), es una de las más férreas defensoras de la pena de muerte. Su actual partido, Visión con Valores (VIVA), ha presentado varias iniciativas de ley en el Congreso para reactivar este castigo, algo que también secunda el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Precisamente la formación política que llevó a la Presidencia del país a Jimmy Morales convocó el sábado a una manifestación pacífica para pedir a sus compañeros del Congreso que tomen conciencia de la realidad del país y que apoyen su deseo bajo el lema "por el derecho a la vida" para acabar con los ríos de sangre.
El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte, sin embargo, en los últimos años no ha podido ejecutarse debido al vacío legal que existe desde que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó en 2004 el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al Presidente suspender o no la ejecución.
Como el Estado de Guatemala, que ejecutó por inyección letal a dos secuestradores en el año 2000 por última vez, no ha restablecido la plena vigencia de este recurso de gracia, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha conmutado la pena de muerte por la máxima pena de prisión a los reos que así lo han solicitado.
Pero la indignación hacia los asesinos, los sicarios, los violadores de menores o los propios pandilleros es inevitable. El proceder de estos delincuentes ha generado tal rechazo en el ciudadano de a pie que la mayoría ha llegado a la conclusión de que la sociedad sería mejor si estas personas fueran eliminadas. Más las emociones no justifican la implementación de este castigo.
Así lo asegura a Efe el sociólogo Gustavo Berganza, quien cree que la presencia de grupos como el narcotráfico o las maras son "un síntoma de descomposición social" que la pena de muerte, en un Estado "casi fallido" como el de Guatemala, no va a resolver.
Este castigo, tal y como reiteran varios organismos internacionales, no es un elemento disuasorio para que los sicarios dejen de matar, para que los violadores dejen de abusar sexualmente a niños o para que el corrupto deje de robar dinero público (...)
Tomado de la agencia EFE