En el año 2000 comienza en América Latina una década de cambios en las leyes generales que orientaron los medios de comunicación hasta entonces. Las iniciativas legislativas puestas en marcha se basaron en el rescate de las demandas históricas orientadas a reducir la concentración de los medios en pocos propietarios (cuyos intereses inciden en los contenidos mediáticos), a normativizar un sector que hasta entonces se caracterizaba por su desregulación y en el que la ciudadanía tenía escasos espacios de participación, identificándose de esta manera a una ciudadanía “débil” frente a los intereses hegemónicos de las clases dominantes. En una lógica que comprendía a los medios como arenas del debate político y como ejes fundamentales del control, siendo herramientas de accountability fáciles de manipular.

Durante los primeros 15 años del siglo XXI, varios países de Latinoamérica hicieron modificaciones a su legislación sobre medios audiovisuales: Venezuela en 2000 y en 2004 (con reformas en 2010 y 2011), Argentina (2009), Bolivia en 2011, Ecuador en 2013 y Uruguay en 2014. Estas políticas lograron poner sobre la mesa de debate tres ejes fundamentales: las reformas regulatorias, la participación de la ciudadanía diversa a través de los medios de comunicación comunitarios, populares alternativos, y la ampliación y fortalecimiento de los medios de propiedad estatal.

Sin embargo, los gobiernos progresistas no pudieron romper algo que venía de antes y es que los medios de comunicación públicos fueran vistos por la población como sistemas destinados a defender las políticas oficiales. En este sentido, la ampliación de los medios públicos también vino con un importante cuestionamiento de la legitimidad de su rol orientado al servicio público, que hubiera podido constituir una alternativa a la programación comercial. Así pues, el importante esfuerzo de los estados en inversión en infraestructura, en ampliación de las redes, en mejora de las capacidades de transmisión, repercutió de manera muy leve en las audiencias, en definitiva, un enorme despliegue para muy poco resultado.

El cambio de gobierno en algunos de estos países ha dado lugar a reformas notables en sus políticas de comunicación. En el caso de Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en sus principales aspectos ha quedado prácticamente inhabilitada. Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267, se modificaron siete artículos de la llamada Ley de Medios. En términos de concentración, en resumen, se eliminaron prácticamente todas las restricciones a la concentración para el cable y, para la radio y la televisión, se eliminaron las más importantes, específicamente las relativas a la propiedad cruzada. Recientemente, en julio de este año, se anunció la fusión de Telecom y Cablevisión en la Comisión Nacional de Valores, lo que implica un cambio radical en el mercado de telecomunicaciones argentino. La nueva empresa será la única con infraestructura desarrollada para ofrecer cuádruple play el 1 de enero de 2018, fecha en que las normas desregulatorias dictadas por el actual Gobierno permitirán a un mismo operador ofrecer un único paquete de telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable. Además, la empresa fusionada representa actualmente el mayor monopolio comunicacional del país ya que, aunque formalmente el grupo Clarín y Cablevisión Holding son sociedades independientes, lo cierto es que los accionistas de Clarín son los mismos que ostentan el 60 por ciento de Cablevisión (...).

(Tomado de www.celag.org)