Varios analistas advirtieron una coincidencia estos días. En 2011, en medio de la ya muy politizada —y luego fracasada— primera elección de autoridades judiciales, el país sobrellevaba otro conflicto, el generado por sectores que se opusieron a la construcción de la vía Cochabamba - Beni que pasaría por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Parte de tal escenario parece repetirse ahora, a partir de cuestionamientos en torno al segundo proceso de sufragio para el Órgano Judicial y la reactivación de la posibilidad de dar luz verde a la obra.

Una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el martes un proyecto de ley para levantar la condición de "intangible" del Tipnis y permitir la construcción del camino, al que se oponen activistas ambientales, políticos y sectores indígenas de la zona. El diputado Víctor Borda, del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró a EFE que el proyecto de ley busca dar igualdad mediante la integración vial a los grupos étnicos que están en condiciones de pobreza en la reserva natural. Defendió que la propuesta fue consensuada con los pobladores del parque nacional y es producto de la consulta previa organizada en 2012, tras el conflicto del año anterior. El presidente Evo Morales firmó en octubre del 2011 una ley que establecía la intangibilidad del parque natural y daba marcha atrás en la construcción de la vía que como departamento nos uniría más con el oriente del país.

"Una ley no es permanente ni eterna y puede ser abrogada por otra de misma jerarquía", dijo Borda sobre la nueva norma en discusión, que cuenta con el respaldo de un grupo indígenas que demandan la infraestructura. El proyecto aprobado en la Comisión de Amazonía de Diputados plantea "articular e integrar" la reserva natural mediante caminos y carreteras, para mejorar, según sostiene, los derechos de los pueblos indígenas, como la libre circulación.

Recordemos que el Tipnis es una reserva natural de 1.2 millones de hectáreas, entre Cochabamba y Beni, donde viven unos 14.000 indígenas de las etnias trinitaria-moxeña, yuracaré y chimán, en unas 69 comunidades dispersas. En su primer intento de construir la carretera, el Gobierno cometió el grave error de no llegar a consensos con los pobladores, a los que recién luego convocó a la respectiva consulta previa. Y, no menos importante, jamás dejó en claro el impacto ambiental de la infraestructura. Solamente explicó que la senda ya estaba abierta desde hace muchos años y que restaba abrir senda en un pequeño tramo, además del pavimentado, claro.

Ahora bien, con tales yerros a cuestas, la discusión sobre la obra lamentablemente ha dejado de ser técnica para trasladarse casi del todo al ámbito político. No son pocas las personas de buena fe, organizaciones no gubernamentales, ambientalistas y políticos opositores que han tomado el tema como una bandera para un activismo en el que muchas veces se destacan más las consignas que razonamientos. Cunde también en esos sectores la seria sospecha de que el camino implicaría más plantaciones de coca en la zona.

Ante estas posturas, y de persistir en su propósito, debería el Ejecutivo, para despolitizar el tema y una vez que cuente con un proyecto definido, explicar a fondo, a más de los probables beneficios, los daños que se causarán a la naturaleza y, especialmente, cómo se propondría minimizarlos o, sobre todo, compensarlos. Por otro lado, la norma debería ampliarse a establecer la obligación del Estado de implementar en la zona los cuarteles que hagan falta para agentes que se aboquen a la erradicación de plantaciones ilegales y control del narcotráfico. Persistir en la discusión de la obra solo a partir de probables respaldos de los principales interesados, es decir desde lo político y no desde lo técnico, implicará un nuevo fracaso del proyecto.