La casa de Santusa Villca tiene un pasillo al costado izquierdo y en el lado derecho hay varios cuartos construidos desde 1999, hasta el fondo de la vivienda. Detrás se ve los vitrales de la casa de tres pisos de Bernabé Michaga.

Ambas viviendas se tendrían que demoler porque un camino debería pasar por ahí, de acuerdo al plano sectorial aprobado por la Alcaldía en mayo de este año. Al frente está la vivienda de Juana Ignacio, quien aseguró que si se abre la calle su terreno se reduce a solo el ancho del garaje.

Hay una treintena de casas en riesgo de demolición en el barrio El Paraíso, de Primero de Mayo en el Distrito 9, al sur de la ciudad de Cochabamba porque, según el plano sectorial, deben habilitarse calles y áreas verdes. Hay viviendas precarias, lotes baldíos y construcciones de hasta tres plantas en las calles innominadas de ripio. Existe servicios básicos, como agua y luz.

Además de El Paraíso, están los barrios Palmar y El Progreso. Entre los tres hacen a la urbanización aprobada por la Alcaldía como Palmar Tunti Rancho. Es una zona urbanizada hasta donde se llega, en media hora desde el centro de la ciudad, por vías principales afectadas.

El subalcalde de la comuna Itocta, Gabriel Rocha, explicó que “las calles tienen que seguir” y que si hay construcciones afectadas, con el plano sectorial, son casas “ilegales”.

“Como las construcciones son irregulares, cada quien hace lo que le parezca mejor. No hacen caso a lo que, alguna vez, la comuna les notifica. Cuando hay una calle que empieza, se tiene que dar continuidad. Ahí han aparecido varias casas afectadas. La calle no se puede acomodar a la construcción bordeándola”.

Enfatizó que el plano sectorial ya fue aprobado. Pero, los vecinos cuestionaron tal hecho asegurando que no hubo consenso y que quienes firmaron fueron “algunos dirigentes”, sin que ellos lo sepan.

Dijeron que identificaron tres propietarios con documentos registrados en Derechos Reales y reconocieron que la mayoría solo tiene minutas. Sin embargo, a su favor enfatizaron que se trata de viviendas habitadas desde hace 15 o 20 años. Una persona tiene 25 años en el lugar y cuenta con una minuta antigua.

El Subalcalde dijo que solicitaron documentación legal, “pero no tienen”. “Ellos le echan la culpa a los fraccionadores, pero también son corresponsables por haberse comprado”.

El vecino Ángel Hurtado informó que temen la destrucción de sus casas. Detalló que compró su lote de unos 600 metros cuadrados a 6.500 dólares, pero el presupuesto aumentó con la construcción.

“La gente ha hecho esfuerzos para poder adquirir un terreno, incluso con préstamo bancario”.

Dijo que agotaron acciones ante las autoridades y que ahora les queda la vía penal.

“Hemos acudido a abogados y estamos con memoriales. Pedimos que se anule el plano sectorial para que a futuro se haga consultando a los vecinos. No nos oponemos al mejoramiento del barrio, pero sí tiene que haber consenso. Vamos a acudir a un proceso penal”.

El Subalcalde adelantó que un proceso penal no podría frenar el llevar adelante el plan porque “todo proceso penal empieza por tener documentación legal y si no existe tampoco va a tener un asidero legal”.

Agregó que se evalúan los casos de quienes cuentan con documentación “para ver si se puede hacer algo”.

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Rodríguez defendió a los lugareños y añadió que los perjuicios también son para una Iglesia evangélica y la cooperativa de agua de la zona.

Con observaciones, advertencias de procesos y desacuerdos con el plano ya aprobado, el subalcalde Rocha resaltó que “la demolición no va a ser enseguida” sino que se dará por el mismo pedido de los pobladores. “Va a ser acorde a lo que los mismos vecinos empiecen a exigirnos para que mejoremos las vías”.

El secretario de Planificación de la Alcaldía, Manuel Prado, resaltó que lo positivo es que una vez regularizado el tema, los vecinos podrían acceder a la incorporación de nuevos proyectos, incluidos la instalación de servicios como el gas y, dependiendo de los recursos que hayan, asfaltos y otros.

Reconoció que siempre hay disidentes en el proceso, que discrepan de las decisiones.

“La firma de los dirigentes es en señal de conformidad”.