Parece muy simple entender la diferencia entre un uso de suelo destinado a equipamiento y otro destinado a la implementación de áreas verdes. El desarrollo urbano desde la concepción más clásica habla de una asignación de usos de acuerdo a la función que deben cumplir.

Es decir, un área verde es un espacio destinado a la implementación de vegetación (árboles, arbustos, césped, flores). En cambio, un área de equipamiento está destinada a complementar la función residencial y se refiere a construcciones que albergan equipos, máquinas y mobiliario, referidos a la prestación de servicios de salud, educación, comercio e industria. Entonces, uno se pregunta: ¿Cuáles son las diferencias entre un uso y otro? ¿Por qué confundir o reemplazar los usos del suelo si cada uno tiene un sentido en el equilibrio del espacio urbano?

No es más importante el equipamiento que la vegetación, ambos tienen su rol y ambos están plenamente justificados en un entorno transformado y artificial como es la ciudad. Lo que pasa es que existen planificadores y planificadores que se rinden ante la orden de un politiquero que le indica cuál es la decisión en cuanto a la implementación de los espacios, según las necesidades coyunturales y no según su importancia.

Por otro lado, si bien el plan de uso de suelo de la Alcaldía define los usos según las necesidades de cada sector (urbanizaciones que se aprueban y se adicionan al área urbana), es también cierto que la politiquería derivada de la implementación de la Ley de Participación Popular ha derivado en que los malos ciudadanos pidan un reemplazo de las áreas verdes por áreas de equipamiento total. Lo que vale es justificar ante sus adherentes que existe poder en los dirigentes para conseguir lo que ellos se proponen. De esta manera, a partir de la década de los 90, las áreas verdes han quedado desprotegidas y se extinguen por doble partida, por la decisión política de las autoridades municipales de turno, pero también por los malos dirigentes vecinales que no piensan en el bien común, sino en posicionarse como importantes a costa del favor político del Alcalde que los utiliza para aprobar la implementación de obras y, por ende, la extinción de espacios verdes potenciales.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, dicen. Los llamados colectivos deben también ser equilibrados al momento de exigir que se cumplan las normas ambientales. Es necesario identificar a los malos dirigentes o representantes vecinales, porque son ellos que dan el aval para que cambie el uso del suelo en cualquier lugar.