Recientemente, hablábamos de la crisis de la justicia, la que vino desde la creación misma de la República y que el actual Gobierno enfrentó de manera errónea. Como expresiones últimas, nos referíamos al caso de un inocente encarcelado por un feminicidio que no cometió, del que la Policía reveló posteriormente al verdadero culpable, aunque antes ya había alertado a jueces y fiscales sobre la equivocación. Estaba también el grave caso de una niña. La menor fue víctima de violación hace tres años y desde entonces peregrinaba, junto a sus padres, en busca de justicia. Debido al trauma que sufrió, su familia se mudó a otra ciudad y viajaba permanentemente para participar en las audiencias que casi siempre eran suspendidas. Una de ellas se efectuó a puerta cerrada. Violando todas las normas que protegen a los niños y a las víctimas de agresiones sexuales, por orden de una jueza se convocó a la menor para que narre lo ocurrido delante de su agresor.

A estas situaciones inauditas se ha sumado ahora la de un juez que excarceló al brasileño líder de la banda que protagonizó un asalto y un tiroteo en Santa Cruz, con el saldo de cinco muertos y que tiene vínculos con un grupo delincuencial de su país. El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, anunció ayer que se abrió un proceso contra el juez Fernando Rivadeneira por haber beneficiado con el arresto domiciliario a Antonio Adao da Silva Costa, quien se encontraba en Chonchocoro. Rivadeneira será investigado por los delitos de "incumplimiento de deberes y prevaricato", reflejó EFE.

Anteriormente, sin embargo, Rivadeneira dio su versión. Señaló como también responsables de la libertad que concedió al criminal a la Fiscalía, al Ministerio de Gobierno y a un juez anticorrupción, porque supuestamente no cumplieron sus funciones y por ocultar antecedentes del delincuente. Manifestó que se vio “atado de manos” y afirmó que su fallo se enmarcó en las leyes, además que sentencias constitucionales le impidieron suspender la audiencia a la que no se presentó la Fiscalía, contra la que también señaló corresponsabilidad, porque en 30 meses no emitió acusación formal en un caso que se inició en 2014, por otro robo agravado, informó El Diario.

Ahora bien, aunque sabiendo que las razones son estructurales y los motivos diferentes, no deja de llamar la atención que en un caso la ciudadanía proteste por el encarcelamiento de un sospechoso, y que, a continuación, se rasgue las vestiduras por la liberación de otro. La opinión pública es también parte del problema. Ya lo decía muy bien en estas páginas el abogado Ricardo Arellano, uno de nuestros columnistas: “Cada país tiene el sistema de justicia que se merece (…), el sistema judicial que tanto defenestramos, sigue nomás, entonadamente, el arbitrario compás de la volubilidad e inconstancia, los prejuicios y estereotipos, la incivilidad y la ramplonería de las masas incultas y desinformadas que son las que gobiernan el proceso de formación de la opinión pública (…). Observemos, pues, cómo se conducen jueces y fiscales en aquellos casos ‘sensibles’ a la sociedad (delitos sexuales, violencia de género): actúan instintivamente, guiados por un inefable preconcepto de culpabilidad del acusado, obedeciendo la batuta de los mass media y complaciendo así al clamor popular, desoyendo los más elementales principios y garantías legales”.

“Y son los mismos medios de prensa, la misma gente que ahora se desgañita en rabietas contra el sistema judicial, reprobando enérgicamente la condena a un inocente, los que hace dos años, cuando se dictó esa ímproba sentencia, la aplaudieron y celebraron como un galardón más en el palmares de la lucha contra la violencia de género. Porque en nuestro país, desde que se tiene noticia de un probable caso de feminicidio, la prensa y la población ya piden a gritos que se encarcele y se lapide al primer sospechoso que es presentado ante los medios, ¡y guay del fiscal o del juez que obre a contrapelo de este dictamen colectivo! (…). Para los recalcitrantes grupúsculos de feministas y para los desinformados medios de comunicación, el baremo de eficiencia del sistema penal es la estadística. Según este rudimentario discernimiento, a mayor número de sentencias condenatorias, mayor efectividad de la justicia (…). Para esta mentalidad primitiva y escolástica, poco o nada importa que se condene a un inocente; lo importante es llenar la tabla numérica”.

Esta es una crítica que asumimos y compartimos.