El instructivo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que sus funcionarios vistan ropa "formal y discreta" desató opiniones de rechazo que consideran esta determinación como desacertada y restrictiva al derecho a la apariencia.
El instructivo prohíbe 11 prendas de vestir a los funcionarios del TCP de lunes a jueves: jeans de cualquier color, pantalones estampados, botas largas, calzas, chamarras, chamarras de cuero, poleras, minifaldas, blusas transparentes y escotes, vestidos cortos y zapatillas incluso los viernes.
Asimismo, el instructivo del TCP exige a los funcionarios que usan vestimenta indígena que se registren en la oficina Recursos Humanos, con fines de control, según reporte de radio Aclo de la Red ERBOL.
El Defensor del Pueblo, David Tezanos, advirtió que esta disposición restringe el derecho a la apariencia de las personas, que consiste en presentarse ante los demás con libertad y creatividad en la vestimenta y la elección en el arreglo personal.
"No corresponde al Estado ni a la sociedad, decidir la manera cómo las personas ejercen sus proyectos de vida y modelos de realización individua", expresó el Defensor.
"La restricción del derecho al desarrollo de la personalidad, en cuanto a vestimenta ´formal´ y ´discreta´ y sus precisiones, es vulneratorio cuando la limitación no es objetiva ni razonable sino reproductora de estereotipos ajenos a la realidad boliviana", acotó.
La senadora Nélida Sifuentes se sumó a las críticas y calificó el instructivo del TCP como una decisión desacertada que debe ser retirada. Vaticinó que de todas formas no se cumplirá ese código de vestimenta en el Tribunal.
Sifuentes vinculó el uso de ropa formal con la situación social anterior a la presidencia de Evo Morales. "Antes uno venía del campo y basta de ver una corbata ya se empezaba a asustar, pero eso hemos ido cambiando, el presidente no usa corbata y el vicepresidente algunas veces", dijo.
La senadora manifestó que si a ella le imponen vestir de traje no podría porque tiene su ropa que la identifica.
En vicepresidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Édgar Salazar, consideró que el instructivo del TCP que fija la ropa que deben usar sus funcionarios es discriminatorio y debería anularse.