Cochabamba, Bolivia, Lunes 17 de julio de 2017
Editorial

El golpe de julio

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17/07/2017 | Ed. Imp.
00A fines de la década del 70, después de un largo período de regímenes militares iniciados por René Barrientos en 1964, se intentó devolver al país a la normalidad democrática. Antes, sin embargo, Bolivia sufriría varios golpes de Estado, como el de Alberto Natusch Busch, en noviembre de 1979, que, además de interrumpir el resultado de las elecciones, afectó una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en La Paz, que trataba el tema de la reivindicación marítima nacional.

Posteriormente, esta sangrienta aventura militar se replicó con el golpe protagonizado por Luis García Meza y un numeroso grupo de militares que, aprovechando el todavía omnipotente poder de las Fuerzas Armadas y el precario sustento político de la presidenta Lidia Gueiler, iniciaron, el 17 de julio de 1980, un nuevo período autoritario. La nueva dictadura fue calificada en lo posterior como una de las más nefastas por su grado de corrupción y la muerte de destacados políticos y luchadores sociales, como Marcelo Quiroga Santa Cruz.

En el transcurrir de este Gobierno de facto, secundado por la amenazante figura del ministro de Gobierno, Luis Arce Gómez, el narcotráfico alcanzó al Estado, lo que estigmatizó al país en el contexto internacional. Por otro lado, se violaron los derechos humanos con luctuosas represiones, como la aplicada a los jóvenes miristas de la calle Harrington de La Paz, en 1981. Además, se denunciaron grandes hechos de corrupción, como el de la explotación de piedras preciosas en La Gaiba (Santa Cruz).

La pésima gestión autoritaria motivó incluso el descontento de las Fuerzas Armadas. El 4 de agosto de 1981, un grupo militar derrocó a García Meza y asumió la presidencia Celso Torrelio.

Unos años más tarde se consolidó la transición a la democracia por la vía de las elecciones. Luego se sustanciaron las causas para el procesamiento del exdictador, a quien en 1986 se le instauró un juicio de responsabilidades en el Congreso. El enjuiciamiento, iniciado por gestiones de militantes del Movimiento Bolivia Libre (MBL) y del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), se ventiló en la Corte Suprema de Justicia de Sucre.

“Legislativo prepara expediente sobre juicio contra García Meza”, tituló OPINIÓN el 1 de marzo de 1986. El diario informó sobre las labores del comisionado de la Cámara de Diputados, Mario Velarde Dorado, que, con asesoría de Jaime Urcullo, experto de la Cámara de Senadores, elaboró tres expedientes enviados al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Caballero Saucedo.

OPINIÓN, con un enviado especial a Sucre, detalló el desarrollo de este prolongado proceso, iniciado en la capital en junio de 1986. En principio estuvo presente el principal acusado, Luis García Meza. También se sentaron en la silla de los procesados sus 54 supuestos cómplices. Entre los testigos de la parte acusadora estuvo Walter Vásquez Michel, quien declaró sobre los pormenores del asesinato de Quiroga Santa Cruz. La masacre de la calle Harrington fue detallada por testigos como Gloria Ardaya. El equipo de abogados acusadores estuvo conformado por abogados como Freddy Padilla, Juan del Granado, Aníbal Aguilar y Carlos Borth. “Soy responsable de un Gobierno de las Fuerzas Armadas y pido legalidad y justicia a lo que ustedes dispongan dentro del veredicto que corresponde”, dijo el exdictador, implicado por otro lado en la venta de los diarios de los guerrilleros Ernesto Che Guevara y Pombo Villegas.

En medio del prolongado juicio, en el que se denunciaron acciones de protección al acusado, se conoció la fuga de García Meza en los primeros días de diciembre de 1988.

Tras varios sucesos judiciales, el 21 de abril de 1993, con un gran titular OPINIÓN anunció: “Juicio del siglo culmina hoy”. Un día después se dio a conocer el fallo de la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto para García Meza —un fallo inédito en el contexto latinoamericano—, con similares penas para sus cómplices.


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