Luiz Inácio Lula da Silva, el líder más popular que ha tenido Brasil en las últimas décadas, se convirtió ayer en el primer expresidente condenado penalmente por la Justicia de un país que desde hace más de tres años lidia con escándalos de corrupción en las altas esferas del poder.

El exmandatario, de 71 años, fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, aunque no se decretó su prisión preventiva pues la pena aún deberá ser confirmada por un tribunal superior.

La sentencia fue proferida por el juez federal Sergio Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras, quien halló culpable a Lula de beneficiarse de la gigantesca trama corrupta que desvió millones en la estatal petrolera.

El magistrado da por comprobado que el expresidente recibió 2.25 millones de reales (unos 700.000 dólares) en concepto de sobornos, los cuales se habrían materializado en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo.

Lula recibió la noticia “con la serenidad de un inocente y con la indignación de una injusticia”, afirmó Marcio Macedo, uno de los vicepresidentes del Partido de los Trabajadores, tras reunirse con Lula, según O Globo.

Manifestantes a favor y en contra de la condena en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva salieron a protestar en las calles de Sao Paulo, la mayor ciudad brasileña, y la Policía Militar tuvo que intervenir para evitar posibles enfrentamientos.

Lula gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y responderá en libertad a la espera de que una instancia superior se pronuncie sobre el proceso, uno de los cinco que tiene abiertos con la Justicia, la mayoría relacionados con el caso Petrobras, que ha enviado a prisión a decenas de políticos de todo el arco ideológico y empresarios.

La defensa de Lula anunció que apelará la sentencia tanto en instancias judiciales en Brasil, como a nivel internacional.

El juez Moro explicó en su sentencia que no ordenó una prisión cautelar del líder del Partido de los Trabajadores (PT) por "prudencia" y para evitar "ciertos traumas", pese a "los episodios de orientación a terceros para la destrucción de pruebas (que atribuye a Lula)".

Asimismo, en su sentencia prohibió a Lula ocupar cargo o función pública por 19 años, en caso de que la sentencia sea ratificada, y le impuso una multa adicional de 669.700 reales (unos 200.000 dólares) por los crímenes supuestamente cometidos. Al ser una condena en primera instancia, Lula mantiene intacta, hasta tanto se ratifique la sentencia, la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones generales previstas para 2018, a las que ha manifestado su deseo de presentarse.