El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) debe recuperar 6 mil millones de bolivianos de mora impositiva a través de medidas coactivas como retención de fondos a las entidades financieras, gravámenes hipotecarios de bienes sujetos a registro y remates.

Ante las ejecuciones del SIN, los gremialistas realizaron un ampliado nacional que declaró emergencia porque consideran que son los más afectados. Determinaron un paro nacional movilizado con el cierre de mercados y bloqueo de trancas el 31 de julio. Además, el “cambio total” del Código Tributario.

El presidente del SIN, Mario Cazón, dijo que las declaraciones juradas deben ser canceladas de manera voluntaria por los contribuyentes, pero caso contrario se acuden a las medidas coactivas, tal como lo establece el Código Tributario.

En el artículo 10 se establecen las atribuciones del SIN para la intervención de la gestión del negocio del deudor, prohibición de realizar contratos de transferencia, retención de pagos del monto estrictamente necesario para asegurar el cobro de la deuda tributaria y la prohibición de participar en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios.

Otras medidas previstas por ley son la clausura del o los establecimientos, locales, oficinas o almacenes del deudor, hasta el pago total de la deuda tributaria y el remate o subasta.

PROTESTA Los comerciantes calificaron las acciones de Impuestos Nacionales de arbitrarias. El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, dijo que su sector está siento “castigado” con multas millonarias e incluso con el remate de sus bienes. Aseguró que son miles los afectados, la deuda de la vendedora Guadalupe Sánchez, por ejemplo, llega a los 500.000 bolivianos. La mujer es propietaria del frial Lupita en La Pampa donde comercializa pollo, fiambres y embutidos. La situación de José Luis Ugarte, quien vende productos de limpieza y enlatados en la avenida Punata, es similar, debe 1.5 millones de bolivianos. Otros serán afectados con el remate de sus viviendas.

MAYORISTAS Cazón dijo que se trata de mayoristas que se encubren como minoristas. Para la autoridad, se trata de comerciantes que muestran su afán “por no querer pagar sus deudas”.

Insistió en que el SIN es el ente responsable de fiscalizar y recaudar impuestos y debe hacerlo en el marco de la normativa vigente, caso contrario estaría incurriendo en delitos como incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.

La autoridad explicó que para el cumplimiento de sus funciones se activan diferentes instancias como la Unidad de Fiscalización y el Departamento de Inteligencia Fiscal.

Protesta

Los gremiales exigen un nuevo Código Tributario y suspensión de clausuras y multas a los comerciantes.

Apuntes.

Ampliado

El comunicado oficial de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales determina rechazar la política impositiva del Gobierno, que pretende “recaudar dinero para el Estado a costa de castigar al pueblo boliviano con una posible alza de precios por la doble y triple tributación”.

Exigen que se realice una investigación de la política comercial y de facturación de las empresas que están vinculadas con las multas millonarias y adeudos al Estado.

Remate

La norma establece que los bienes embargados, con anotación definitiva en los registros públicos, secuestrados, aceptados en garantía mediante prenda o hipoteca, así como los recibidos como pago, serán dispuestos en ejecución tributaria mediante remate en subasta pública o adjudicación directa, en la forma y condiciones que se fije mediante la norma administrativa.

Procedimiento

El remate de bienes se realizará en forma directa o a través de terceros autorizados.

Los bienes aceptados como pago, podrán ser adjudicados de forma directa a entidades del sector público, mediante resolución administrativa expresa de acuerdo a norma administrativa emitida por la Administración Tributaria.

Alternativa

En cualquier momento y hasta antes de la adjudicación de los bienes, la administración tributaria liberará los bienes ejecutados, siempre que el contribuyente pague la deuda tributaria y los gastos de ejecución ocasionados.