En torno a la nacionalización
10 de julio de 2017 (19:17 h.)
Mucho se ha hablado estos días acerca de la nacionalización de los hidrocarburos, a partir del despido de 200 obreros y otros recortes en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa a la que el Presidente llamó a la austeridad ante la caída de los precios internacionales del crudo. Sectores de la oposición han señalado que la estatización estaría terminando, y el expresidente Carlos Mesa habló de las “razones históricas” que lo llevaron a no nacionalizar el petróleo. "Mi lógica de qué entendía yo por nacionalización estaba contaminada por mi conocimiento de la historia. Si hubiera tenido la visión pragmática del presidente Evo Morales probablemente habría llevado adelante una acción de esa naturaleza".
Mesa, en una entrevista con la radio Erbol, expresó que su lógica estaba centrada en el tipo de nacionalización que se ejecutó en 1937, cuando se dictó la primera determinación de estas características, con la confiscación de bienes a la Standard Oil; o en el proceso de 1969, cuando se derogó el Código de Petróleo Davenport de 1956 para incluir el gas y se decidió la estatización de los bienes de la Gulf. Pero el caso de "la nacionalización del presidente Morales (en 2006) no es en el estricto sentido como la que se hizo en 1937 con Standard Oil o como lo que se hizo en el 1969 con la Gulf, es decir, la expulsión de las empresas extranjeras del país y la toma total de los campos de YPFB. Eso no ocurrió con el presidente Morales, lo que él hizo es una renovación de contratos en condiciones distintas, pero Petrobras sigue en Bolivia al igual que Repsol y Total".
Matices más, matices menos, conviene ver los frutos de lo hecho por el Gobierno en 2006 para, en tiempos de crisis, apuntar al cuidado de la empresa del Estado, garantizando además la total transparencia de su manejo. Fuentes oficiales informaron a fines de julio de 2014 que Bolivia obtuvo ingresos por un total de 22.218 millones de dólares por concepto de la renta petrolera en el período 2006-2013. En el quinquenio precedente (2000-2005), antes de la medida de Morales, el país recibió en total 3.333 millones. El promedio anual de ingresos por renta petrolera en el período 2006-2013 fue de 2.777 millones de dólares, 15 veces más que el registrado entre 1997 y 2004. Y para el periodo 2015-2020, se preveía que la renta pasaría los 6.000 millones anuales.
Obtener la mayor ganancia, sin embargo, fue difícil. El 24 de abril de 2006, OPINIÓN tituló: “Morales: ‘Me di cuenta que no es sencillo nacionalizar”. El adelanto indicó que el Presidente admitió “que la nacionalización de los hidrocarburos sufrirá retrasos porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) necesita de ‘un batallón de expertos’ que no existe en el país”. La nacionalización había sido una de las banderas de campaña electoral del MAS a fines del año anterior. De ahí que, a poco de cumplirse los primeros cien días de la gestión del dirigente cocalero sin medidas importantes, había voces agoreras, como la del periodista Cayetano Llobet, que anunciaban la “inminente” caída del Gobierno.
De manera sorpresiva —y en homenaje a la primera celebración del Día del Trabajo durante su mandato— Morales tomó los campos petroleros para imponer su decisión a las empresas petroleras. La fórmula, en palabras sencillas, era simple: si las compañías deseaban seguir operando, la propiedad total de los recursos pasaba al Estado, y debían tributar el 82 por ciento de sus ingresos y quedarse con el restante 18 por ciento . Un día después, OPINIÓN tuvo un doble titular: “Evo nacionaliza, pero abre la posibilidad de nuevos contratos” - “Fin de la capitalización”. El adelanto detalló las medidas: “Morales, en un discurso sorpresivo en Tarija y mediante Decreto 28701, dio un plazo de 180 días a grupos petroleros extranjeros para firmar nuevos contratos de explotación que reconozcan el cambio de propiedad de las gigantescas reservas de gas natural o abandonar el país. Se confiscaron para el Estado las acciones de los bolivianos que administran las AFP. Se dispuso la ocupación de 56 campos de crudo y gas. También se impuso que dos campos operados por Petrobras, el San Alberto y Sábalo, entreguen al Estado un 82 por ciento del valor de su producción, y las compañías se quedarán con el restante 18 por ciento ”.
Mesa, en una entrevista con la radio Erbol, expresó que su lógica estaba centrada en el tipo de nacionalización que se ejecutó en 1937, cuando se dictó la primera determinación de estas características, con la confiscación de bienes a la Standard Oil; o en el proceso de 1969, cuando se derogó el Código de Petróleo Davenport de 1956 para incluir el gas y se decidió la estatización de los bienes de la Gulf. Pero el caso de "la nacionalización del presidente Morales (en 2006) no es en el estricto sentido como la que se hizo en 1937 con Standard Oil o como lo que se hizo en el 1969 con la Gulf, es decir, la expulsión de las empresas extranjeras del país y la toma total de los campos de YPFB. Eso no ocurrió con el presidente Morales, lo que él hizo es una renovación de contratos en condiciones distintas, pero Petrobras sigue en Bolivia al igual que Repsol y Total".
Matices más, matices menos, conviene ver los frutos de lo hecho por el Gobierno en 2006 para, en tiempos de crisis, apuntar al cuidado de la empresa del Estado, garantizando además la total transparencia de su manejo. Fuentes oficiales informaron a fines de julio de 2014 que Bolivia obtuvo ingresos por un total de 22.218 millones de dólares por concepto de la renta petrolera en el período 2006-2013. En el quinquenio precedente (2000-2005), antes de la medida de Morales, el país recibió en total 3.333 millones. El promedio anual de ingresos por renta petrolera en el período 2006-2013 fue de 2.777 millones de dólares, 15 veces más que el registrado entre 1997 y 2004. Y para el periodo 2015-2020, se preveía que la renta pasaría los 6.000 millones anuales.
Obtener la mayor ganancia, sin embargo, fue difícil. El 24 de abril de 2006, OPINIÓN tituló: “Morales: ‘Me di cuenta que no es sencillo nacionalizar”. El adelanto indicó que el Presidente admitió “que la nacionalización de los hidrocarburos sufrirá retrasos porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) necesita de ‘un batallón de expertos’ que no existe en el país”. La nacionalización había sido una de las banderas de campaña electoral del MAS a fines del año anterior. De ahí que, a poco de cumplirse los primeros cien días de la gestión del dirigente cocalero sin medidas importantes, había voces agoreras, como la del periodista Cayetano Llobet, que anunciaban la “inminente” caída del Gobierno.
De manera sorpresiva —y en homenaje a la primera celebración del Día del Trabajo durante su mandato— Morales tomó los campos petroleros para imponer su decisión a las empresas petroleras. La fórmula, en palabras sencillas, era simple: si las compañías deseaban seguir operando, la propiedad total de los recursos pasaba al Estado, y debían tributar el 82 por ciento de sus ingresos y quedarse con el restante 18 por ciento . Un día después, OPINIÓN tuvo un doble titular: “Evo nacionaliza, pero abre la posibilidad de nuevos contratos” - “Fin de la capitalización”. El adelanto detalló las medidas: “Morales, en un discurso sorpresivo en Tarija y mediante Decreto 28701, dio un plazo de 180 días a grupos petroleros extranjeros para firmar nuevos contratos de explotación que reconozcan el cambio de propiedad de las gigantescas reservas de gas natural o abandonar el país. Se confiscaron para el Estado las acciones de los bolivianos que administran las AFP. Se dispuso la ocupación de 56 campos de crudo y gas. También se impuso que dos campos operados por Petrobras, el San Alberto y Sábalo, entreguen al Estado un 82 por ciento del valor de su producción, y las compañías se quedarán con el restante 18 por ciento ”.