Hace algunos días nuestro sistema de justicia fue sacudido por un nuevo escándalo. Un hombre inocente habría sido injustamente acusado y condenado a 30 años de prisión por un delito (feminicidio) que el jamás había cometido. El ya deteriorado sistema judicial sumó así nuevos motivos para el vituperio y la diatriba, provenientes tanto de la prensa como de la sociedad civil, afónicos ya de tanto despotricar contra jueces y fiscales.

En medio de este vendaval de lamentos y blasfemias, habrá que decir, sin embargo, que cada país tiene el sistema de justicia que se merece, aquel que mejor le calza y cuadra con su particular temperamento, y en el caso nuestro, el sistema judicial que tanto defenestramos, sigue nomás, entonadamente, el arbitrario compás de la volubilidad e inconstancia, los prejuicios y estereotipos, la incivilidad y la ramplonería de las masas incultas y desinformadas que son las que gobiernan el proceso de formación de la opinión publica. Nuestra Justicia no es sino una radiografía de esta idiosincrasia. Observemos, pues, cómo se conducen jueces y fiscales en aquellos casos “sensibles” a la sociedad (delitos sexuales, violencia de género): actúan instintivamente, guiados por un inefable preconcepto de culpabilidad del acusado, obedeciendo la batuta de los mass media y complaciendo así al clamor popular, desoyendo los más elementales principios y garantías legales. Y son los mismos medios de prensa, la misma gente que ahora se desgañita en rabietas contra el sistema judicial, reprobando enérgicamente la condena a un inocente, los que hace dos años, cuando se dictó esa ímproba sentencia, la aplaudieron y celebraron como un galardón más en el palmares de la lucha contra la violencia de género. Porque en nuestro país, desde que se tiene noticia de un probable caso de feminicidio, la prensa y la población ya piden a gritos que se encarcele y se lapide al primer sospechoso que es presentado ante los medios, ¡y guay del fiscal o del juez que obre a contrapelo de este dictamen colectivo! Lo real es que en estos casos los operadores de justicia están, a priori, condicionados por los juicios de valor inapelables que dicta la opinión pública.

Ahora que se supo que un inocente fue injustamente condenado, la prensa, obnubilada por un repentino destello de verdad, parece que ya olvidó su congénito talante inquisitivo y destructor. Para los recalcitrantes grupúsculos de feministas y para los desinformados medios de comunicación, el baremo de eficiencia del sistema penal es la estadística. Según este rudimentario discernimiento, a mayor número de sentencias condenatorias, mayor efectividad de la justicia. Así se explican también las consabidas quejas por el número de procesos penales sin sentencia, imbuidas por un insulso fetichismo de las cifras. Para esta mentalidad primitiva y escolástica, poco o nada importa que se condene a un inocente; lo importante es llenar la tabla numérica e impregnarse de esa estúpida y falsa sensación de “seguridad jurídica” proporcionada por la certidumbre matemática. Por eso, la omnisciente opinión pública, encarnada en la prensa todopoderosa, casi nunca lleva a cabo su legendaria labor crítica de “fiscalización” en aquellos casos que culminan con sentencias condenatorias, pues se da por bien servida y satisfecha. Solo cuando se libera o se absuelve a un presunto feminicida, se enciende la alarma en el termostato de la opinión publica. Prueba de ello, es que hace dos años, cuando fue dictada la injusta sentencia contra este inocente, no se generó la alarma social que ahora recién se desata y que alcanza dimensiones siderales (y conste que en ese momento ya eran conocidas las pruebas exculpatorias). Eso demuestra que la condena de “cualquier” acusado de feminicidio constituye un resultado peligrosamente “normalizado” y “estandarizado” en nuestro sistema penal, uno que no suscita cuestionamiento, pues se lo da, de antemano, por inminente y previsible, sobre la base de un velado preconcepto de culpabilidad. Lo contrario, es decir, absolver o liberar al acusado, implica, en cambio, una actitud subversiva por la que el juez o el fiscal deben pagar con el linchamiento mediático.

Ergo, nuestra justicia penal ha sido secuestrada por el clamor de las masas. Estas han urdido una red compacta de prejuicios e ideologías perniciosas que actúan como condicionantes insoslayables a tiempo de emitirse un fallo judicial. Lamentablemente, en los casos de violencia de género, las decisiones se asumen con antelación en el espacio discursivo y mediático de la opinión publica. En las salas de los juzgados, solo se rubrica el dictamen de este tirano.