Quillacollo en pugna
06 de julio de 2017 (19:13 h.)
Si la carencia de servicios básicos, el avasallamiento de comerciantes y loteadores, el crecimiento desordenado, el caos vehicular, la inseguridad y el escaso cuidado del medioambiente son algunos de los más importantes problemas de la ciudad de Cochabamba, lo son mucho más en la urbe más cercana, Quillacollo.
Darse una vuelta por allá, en movilidad propia, de transporte público o a pie, es toda una odisea. Todas las calles y avenidas del centro están colapsadas por motorizados y gremialistas, con lo que el tránsito es apenas posible, en medio además de la basura que abunda en las vías. Yendo un poco más lejos, se evidencia que muchos barrios no tienen agua potable ni alcantarillado. Y, especialmente durante la fiesta de la Virgen de Urcupiña, una de las expresiones religiosas y culturales más grandes del país, los visitantes deben, década tras década, seguir soportando el horrible hedor de la zona de El Calvario, cuando no respirar el polvoriento aire. Son por otro lado más que elevados los índices de criminalidad en el municipio, donde opera un sinfín de pandillas que cometen las más terribles fechorías.
Así las cosas, lamentablemente bien se puede decir que Quillacollo es tierra de nadie. Esta situación de abandono de las más urgentes necesidades de la ciudadanía para vivir dignamente se ha visto agravada gestión municipal que pasa, por oscuros intereses económicos de grupos que entran en pugna en cada elección, obteniendo un apoyo dividido de los votantes, lo que promueve las sucesivas crisis políticas.
Ya lo apuntaba bien una de nuestras columnistas, la abogada quillacolleña Julieta Montaño: “Esto sucede desde la gestión del alcalde Roberto Peñaloza, que fue la última de municipios sin más recursos que los suficientes para funcionar y encarar pequeñas obras. Era una época en la que ser Alcalde era el reconocimiento a una vida dedicada a la actividad cívica; por tanto, era merecedor del respeto de la población. Quillacollo no ha vuelto a conocer lo que es la gobernabilidad municipal. La asignación de recursos, tanto del TGN como por redistribución del IDH, ha desatado el hambre y la angurria de grupos sin escrúpulos que, para llegar a ser parte del Gobierno Municipal, ofrecen sus ‘servicios’ a cuanto partido o agrupación ciudadana aparezca, de tal manera que, independientemente de que los resultados de la contienda electoral les den mayoría o minoría, tendrán siempre una parte de la tajada para beneficio personal y familiar”.
Estos días, el municipio afronta otra de estas pugnas. OPINIÓN informó ayer que, con tres imputaciones de un total de 14 procesos, el alcalde Eduardo Mérida ya sumó 190 mil bolivianos en fianzas, tiene arraigos, debe presentarse para firmar cada semana y tiene arresto domiciliario. El abogado de la autoridad, Ronald Orozco, informó que hay 14 procesos desde 2015, de los cuales tres tienen imputación, uno fue rechazado y no se objetó, y 10 podrían continuar. Este martes, una jueza determinó medidas sustitutivas para el Alcalde, quien se salvó de que se ejecute el pedido de detención preventiva, en el caso en el que se le acusa por uso indebido de bienes e incumplimiento de deberes por, supuestamente, obligar a funcionarios a marchar en favor suyo.
Una mirada superficial de los juicios que enfrenta Mérida —en su mayoría promovidos por concejales opositores— podría hacer suponer malos manejos, por ejemplo en compras de medicamentos o focos navideños. Hay sin embargo también procesos que llaman a la carcajada, como uno iniciado porque supuestamente la autoridad se cortó el cabello en su oficina, con lo que habría incurrido en “uso indebido de bienes del Estado”. Desde luego, no vamos acá a condenar el rol de fiscalización de los concejales, cuyo mandato es precisamente estar al tanto y en detalle de cada uno de los pasos del Ejecutivo. Pero, en verdad, acciones de aparente fiscalización parecen corresponder a otro tipo de objetivos.
Es de lamentar, pero la crisis no parece tener solución ni en el mediano plazo. Habrá que ver cómo el Alcalde sortea las dificultades de su gestión y las que le interponen sus opositores, pero, a más de eso, el pueblo quillacolleño debe pensar seriamente en su futuro y, para una siguiente votación, elegir a autoridades que respondan a la sociedad civil en su conjunto y no solo a grupos de poder, lo que asimismo garantizará la tan ansiada gobernabilidad.
Darse una vuelta por allá, en movilidad propia, de transporte público o a pie, es toda una odisea. Todas las calles y avenidas del centro están colapsadas por motorizados y gremialistas, con lo que el tránsito es apenas posible, en medio además de la basura que abunda en las vías. Yendo un poco más lejos, se evidencia que muchos barrios no tienen agua potable ni alcantarillado. Y, especialmente durante la fiesta de la Virgen de Urcupiña, una de las expresiones religiosas y culturales más grandes del país, los visitantes deben, década tras década, seguir soportando el horrible hedor de la zona de El Calvario, cuando no respirar el polvoriento aire. Son por otro lado más que elevados los índices de criminalidad en el municipio, donde opera un sinfín de pandillas que cometen las más terribles fechorías.
Así las cosas, lamentablemente bien se puede decir que Quillacollo es tierra de nadie. Esta situación de abandono de las más urgentes necesidades de la ciudadanía para vivir dignamente se ha visto agravada gestión municipal que pasa, por oscuros intereses económicos de grupos que entran en pugna en cada elección, obteniendo un apoyo dividido de los votantes, lo que promueve las sucesivas crisis políticas.
Ya lo apuntaba bien una de nuestras columnistas, la abogada quillacolleña Julieta Montaño: “Esto sucede desde la gestión del alcalde Roberto Peñaloza, que fue la última de municipios sin más recursos que los suficientes para funcionar y encarar pequeñas obras. Era una época en la que ser Alcalde era el reconocimiento a una vida dedicada a la actividad cívica; por tanto, era merecedor del respeto de la población. Quillacollo no ha vuelto a conocer lo que es la gobernabilidad municipal. La asignación de recursos, tanto del TGN como por redistribución del IDH, ha desatado el hambre y la angurria de grupos sin escrúpulos que, para llegar a ser parte del Gobierno Municipal, ofrecen sus ‘servicios’ a cuanto partido o agrupación ciudadana aparezca, de tal manera que, independientemente de que los resultados de la contienda electoral les den mayoría o minoría, tendrán siempre una parte de la tajada para beneficio personal y familiar”.
Estos días, el municipio afronta otra de estas pugnas. OPINIÓN informó ayer que, con tres imputaciones de un total de 14 procesos, el alcalde Eduardo Mérida ya sumó 190 mil bolivianos en fianzas, tiene arraigos, debe presentarse para firmar cada semana y tiene arresto domiciliario. El abogado de la autoridad, Ronald Orozco, informó que hay 14 procesos desde 2015, de los cuales tres tienen imputación, uno fue rechazado y no se objetó, y 10 podrían continuar. Este martes, una jueza determinó medidas sustitutivas para el Alcalde, quien se salvó de que se ejecute el pedido de detención preventiva, en el caso en el que se le acusa por uso indebido de bienes e incumplimiento de deberes por, supuestamente, obligar a funcionarios a marchar en favor suyo.
Una mirada superficial de los juicios que enfrenta Mérida —en su mayoría promovidos por concejales opositores— podría hacer suponer malos manejos, por ejemplo en compras de medicamentos o focos navideños. Hay sin embargo también procesos que llaman a la carcajada, como uno iniciado porque supuestamente la autoridad se cortó el cabello en su oficina, con lo que habría incurrido en “uso indebido de bienes del Estado”. Desde luego, no vamos acá a condenar el rol de fiscalización de los concejales, cuyo mandato es precisamente estar al tanto y en detalle de cada uno de los pasos del Ejecutivo. Pero, en verdad, acciones de aparente fiscalización parecen corresponder a otro tipo de objetivos.
Es de lamentar, pero la crisis no parece tener solución ni en el mediano plazo. Habrá que ver cómo el Alcalde sortea las dificultades de su gestión y las que le interponen sus opositores, pero, a más de eso, el pueblo quillacolleño debe pensar seriamente en su futuro y, para una siguiente votación, elegir a autoridades que respondan a la sociedad civil en su conjunto y no solo a grupos de poder, lo que asimismo garantizará la tan ansiada gobernabilidad.