El lunes 3 de julio, el juez José Luis Quiroga instruyó reforzar el control policial y, si es necesario, usar gases lacrimógenos en las calles que circundan al Tribunal Primero de Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer de La Paz, “para reprimir a activistas” que reclamaban justicia por el feminicidio de María Isabel Pilco, proceso en el que ellas detectaron varias irregularidades. Las activistas fueron amonestadas por el juez Quiroga y “obligadas a firmar, bajo amenaza de detención, un acta en el que se comprometían a no continuar con sus protestas en inmediaciones del juzgado”.

Colectivos ciudadanos en todo el país han repudiado la actitud violenta del juez Quiroga que atenta contra derechos garantizados en leyes nacionales y en la misma Constitución Política del Estado.

Representantes del colectivo #NiUnaMenos Bolivia denunciaron que son amedrentadas y perseguidas por “pésimos operadores de justicia que se sienten cohibidos ante el rol de fiscalización que ejercen los colectivos ciudadanos”. Aclararon que cualquier ciudadana boliviana tiene la potestad de participar del control social, según el artículo 241 parágrafos 1, 2, 3 y 5. El artículo 15 de la Ley Antiviolencia 348 también les faculta a participar de grupos de control social que fiscalicen casos en los que exista la duda razonable sobre la actuación de los funcionarios públicos. “Como mujeres que ya sufrimos por la violencia machista en nuestro país, rechazamos esta violencia ejercida desde los estrados judiciales por quienes se creen dioses intocables y olvidan que son empleados públicos”. #NiUna Menos declaró al juez Quiroga persona no grata y enemigo de las mujeres de Bolivia. Advirtieron que presentarán una queja formal y acudirán a organismos internacionales en defensa de sus derechos ciudadanos.