Durante el acto oficial de recibimiento a los nueve bolivianos que permanecieron detenidos más de 100 días en Chile, el presidente Evo Morales manifestó ayer que la Cancillería del vecino país propuso agilizar la liberación, condicionando ello a que nuestro Gobierno “baje la voz”. "Quiero que sepan, hermanos, acá batallando, todos unidos, repito nuevamente, algunos en la parte jurídica, en la parte de comunicación; aunque intentaron también callarnos. Y quiero que sepa el pueblo chileno [que hubo] mensajes de la Cancillería chilena [señalando]: ‘Vamos a resolver este problema, pero bajen la voz”, expresó Morales en declaraciones recogidas por Página Siete. Asimismo, el Mandatario recordó el cruce de tuits con el expresidente Sebastián Piñera, quien lo mandó a callar por sus declaraciones sobre los nueve bolivianos. "Nunca vamos a callar porque estamos con la verdad y con la justicia”, enfatizó Morales.

Recordemos que, el pasado 19 de marzo, carabineros de Chile detuvieron al capitán de Ejército Alex Johnny Carvajal, el suboficial Carlos Calle y los funcionarios aduaneros Arsenio Choque, Diego Guzmán, Brian Quenallata Méndez, Edilberto Raúl Flores, Juan José Torres Gonzales, David Quenallata Laurel y Luis Guachalla Rada. La semana pasada, un juzgado chileno condenó a los aduaneros por los supuestos delitos de robo con violencia y contrabando, y a los militares por porte ilegal de armas. Una jueza dispuso el pago de una multa equivalente a unos 48.000 dólares, así como la expulsión, mientras que el Gobierno boliviano ha tachado reiteradamente la sentencia de "injusta", pues desde un inicio explicó que los detenidos estaban cumpliendo tareas de lucha contra el contrabando. Las autoridades chilenas llevaron a los bolivianos la madrugada de ayer hasta el puesto fronterizo de Colchane-Pisiga, donde fueron recibidos por sus familiares, y luego se trasladaron hasta La Paz en un autobús enviado por el Ejecutivo.

Ahora bien, en principio aclararemos que, desde nuestra perspectiva, no correspondía tamaño operativo de recibimiento y actividades varias en torno a la llegada de los compatriotas. Sí, por supuesto, los funcionarios debían de tener una entrevista con nuestros gobernantes, y pare de contar. Más allá de este anecdótico asunto, sin embargo, consideramos revelador lo manifestado por nuestro Presidente, a la vez que apoyamos su postura.

Es, pues, revelador que el Ejecutivo de Chile condicione una —como correspondía— salida diplomática al incidente. Ello significa que, pese a que se esmeren en negarlo las autoridades del vecino país, mucho daño le hacen a La Moneda las constantes —y justas— demandas bolivianas. Por otro lado, en el fondo también salta a la vista la prepotencia de una Cancillería que, al saberse más fuerte, aun militarmente, quiere mandar a callar a quien le parezca.

Nada más alejado de la realidad en tiempos en los que los pueblos reivindican sus derechos. Y es que Bolivia no puede desaprovechar toda oportunidad y foro para denunciar la más que centenaria usurpación marítima; el ilegal aprovechamiento de las aguas del manantial del Silala; el incumplimiento del Tratado de 1904 por los continuos paros; y ahora —fuera de la muy controversial decisión judicial del vecino— el pinochetista trato que recibieron los connacionales. Ellos fueron violentamente detenidos, puestos boca abajo contra la tierra y escuchando disparos a centímetros de sus cabezas; cual si fueran peligrosos criminales, fueron enmanillados en innecesarias audiencias que se extendieron tres meses; se les negó —visas suspendidas mediante— el contacto con nuestras altas autoridades e incluso con nuestros —también agredidos— periodistas; y, lo que es más duro, Chile humilló a sus familias apelando a tratos discriminatorios dignos del accionar más retrógrada. Estos son hechos que, si bien no deben ser explicitados con la estridencia con la que se lo ha venido haciendo, no se pueden ni deben callar.