Arropado por ministros y parlamentarios afines a su gobierno, el presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó ayer ser víctima de una "infamia" y aseguró que tiene una "preocupación mínima" por la denuncia, a la que calificó de una "una pieza de ficción" sin "fundamentos jurídicos".

Sin embargo, la Fiscalía brasileña rebatió ayer a Temer y le recordó que "nadie está por encima de la ley o fuera de su alcance" en medio de una crisis política histórica en el país.

La denuncia, presentada por el fiscal general, Rodrigo Janot, "es pública y está basada en muchos elementos de prueba, que no dejan dudas sobre la materialidad y autoría del delito de corrupción pasiva", afirmó la Fiscalía en un comunicado.

El Ministerio Público respondió así al Mandatario, quien arremetió en un pronunciamiento público contra la institución y dijo que la denuncia está basada solamente en "supuestas pruebas ilícitas" y en "hilaciones" ajenas a la verdad.

"Janot se guía por una actuación técnica bajo el estricto rigor de la ley, tanto en la esfera judicial como en la administrativa, y no se abstiene en cumplir las responsabilidades inherentes al ejercicio del oficio", agregó la Fiscalía, que enumeró la lista de pruebas aportada en la denuncia de más de 60 páginas.

La denuncia integra una amplia investigación contra el Jefe de Estado por los posibles delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, aunque la Fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre los dos últimos.

Las sospechas sobre el gobernante brasileño se desprenden de las revelaciones a la Justicia de varios ejecutivos del grupo JBS, quienes acusaron a Temer de recibir sobornos desde 2010 y aportaron una explosiva grabación en la que el Mandatario escucha en silencio y hasta consiente posibles delitos.

En su discurso, Temer también manifestó que uno de los antiguos colaboradores de Janot gana "millones" en un bufete que defiende a los dueños de JBS y que además pactó el acuerdo de cooperación judicial de esa firma.

Ministro en la mira

Indagación

Las autoridades investigan el origen de 653 kilos de cocaína hallados en una avioneta que fue perseguida por un caza de la Fuerza Aérea Brasileña después de que partió de una hacienda del ministro de Agricultura, Blairo Maggi.

Domingo

El hecho ocurrió el domingo, pero el suceso fue hecho público recién ayer.

El piloto de una avioneta considerada "sospechosa" ignoró los pedidos de identificación hechos por las autoridades, que ante esa irregularidad enviaron un caza a fin de interceptarle, explicó la Fuerza Aérea en un comunicado.

Hacienda

Esa hacienda, de unas 40.000 hectáreas, es propiedad del Grupo Amaggi, que opera también en Argentina, Paraguay, Holanda, Noruega y Suiza y pertenece a la familia del ministro de Agricultura, un poderoso empresario del campo brasileño.

La hacienda Itamarati está situada en el municipio de Campo Novo do Parecis, en el estado de Mato Grosso.