México sangra. México duele. Casi a diario, los medios de ese país informan de brutales muertes a manos del crimen organizado, en el marco de un severo clima de violencia que el Gobierno no puede controlar, siendo además cómplice junto a la justicia por la impunidad de los crímenes, en los que no pocas veces están vinculadas altas autoridades. Es de ese panorama icónico el caso de los 43 normalistas asesinados en Ayotzinapa, matanza desde el 2014 hasta el momento no esclarecida, al punto de que ni siquiera fueron hallados los cuerpos. Y entre las víctimas más recurrentes de la prácticamente guerra que se vive en ese país están activistas de derechos humanos y periodistas.

Las agencias internacionales informaron este lunes que el cadáver calcinado del periodista mexicano Salvador Adame fue encontrado en el fondo de una barranca de la región de Tierra Caliente, en el Estado de Michoacán. Adame, quien colaboraba para varios medios locales, había sido secuestrado por un grupo armado el 18 de mayo pasado, en el municipio de Múgica. De acuerdo con las primeras investigaciones, el reportero fue asesinado por un grupo de sicarios al mando de un narcotraficante identificado como Feliciano Ledezma, alias El Chano Peña, con quien mantenía problemas personales.

Con Adame, suman ya ocho comunicadores asesinados este año en diversos estados del país: Maximino Rodríguez, Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Filiberto Álvarez, Jonathan Álvarez y Javier Valdez. Valdez, de 50 años y premiado en múltiples ocasiones por su valiente trabajo sobre el narcotráfico, fue asesinado el 15 de mayo pasado a manos de pistoleros, un crimen que conmocionó al país.

En una reciente nota de homenaje a Valdez, su colega Pablo Majluf se quejaba a la vez por el desinterés de los jóvenes en el periodismo. “Cuando regresé del Medio Oriente (…), me entristeció saber que mi alma mater, el Tec de Monterrey, ya no ofrecía la carrera de periodismo”. “No tardé ni dos clases en darme cuenta del problema: dos vergonzosas obviedades, causas lúgubres de nuestra infortunada condición. Desde muy temprano, los pequeños informadores en potencia se enteran de que a los periodistas en México los cazan en las calles como especies en peligro de extinción para luego exhibirlos como trofeos en las mismas páginas que fueron su trinchera. Escuchan, los embriones, que México es de los países más mortíferos para quienes, como instigara Walter Lippmann, se dedican a ‘decir la verdad y deshonrar al diablo’. Peor: saben que después de que su cuerpo inerte, agujereado por doce balazos —como exhiben las imágenes del colmo de Javier Valdez y tantos otros— sea recogido por los forenses, no pasará nada: que su muerte quedará impune, que acaso sus letras serán archivadas en hemerotecas poco frecuentadas, edificios de la ironía en un país donde nadie lee. Que el Gobierno, por complicidad y omisión, es solo otra cara del mismo diablo”.

Por si ese lamentable contexto no fuese suficiente, el pasado 19 de junio, el diario estadounidense The New York Times informó que periodistas como Carmen Aristegui y activistas como el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, fueron espiados por el mismo Gobierno de su país, a través de un programa informático denominado "Pegasus". El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el Ejecutivo usa la tecnología para mantener condiciones de seguridad para la sociedad y combatir al crimen organizado, y confirmó que giró instrucciones a la PGR "para que haga la investigación correspondiente a partir de las denuncias". Una investigación en la que, desde luego, nadie cree.

Aunque con el exceso polarizador de su secretario general, Luis Almagro, bien hace la Organización de Estados Americanos (OEA) en fijarse en la situación de violencia en Venezuela. Nos preguntamos por qué insiste en quedar ciega ante lo que sucede en México.