El diputado opositor Oscar Urquizo (UD) y el exconstituyente Rubén Darío Cuéllar presentaron este lunes ante el Tribunal Constitucional, dos acciones de inconstitucionalidad abstracta contra dos artículos de la Ley 025 del Órgano Judicial y Ley 027 del Tribunal Constitucional, que anula de por vida a los abogados postular al cargo de magistrado en ambas entidades judiciales.

Urquizo señaló que los artículos 18 de la Ley 027 y 19 de la Ley 025 imponen a los abogados una causal de inelegibilidad, el hecho de que en el ejercicio libre de la profesión, haya patrocinado la defensa de casos, donde se investiga la unidad del país, terrorismo o procesos por enajenación de bienes del Estado.

“Estos elementos que son totalmente reñidos con la Constitución Política del Estado y viola el libre ejercicio de la profesión, viola el principio del debido proceso y vemos que hay mucha gente está acusada por estos delitos, sobre todo políticos, y no consigue abogados que le puedan defender porque pesa sobre este patrocinio sanciones muy duras”, declaró a radio Aclo de la red Erbol.

En ambas leyes, se dispone que son prohibiciones para el ejercicio de la justicia constitucional y ordinaria, “tener militancia en alguna organización política, al momento de su postulación; haber integrado el directorio o gerencia de una sociedad comercial cuya quiebra hubiese sido declarada fraudulenta y haber patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado, así como quienes hayan participado en la conformación de gobiernos dictatoriales o hayan patrocinado procesos de entrega, o enajenación de recursos naturales y patrimonio nacional”.

Cuéllar por su lado, dijo que muchos procesos derivaron en detenciones preventivas por esos casos y que consecuencia de la lenta administración de justicia, no se puede probar la culpabilidad o no de los encausados.

Indicó que esa política de detención preventiva, provoca el hacinamiento en las cárceles, donde el 80 por ciento de los 16.000 presos que existe en todo el país, no conoce a ciencia cierta el grado de participación y sin embargo por la congestión procesal, los magistrados no alcanzan a atender muchas demandas. 

Ambos esperan que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse a la brevedad posible en defensa de la libre profesión de abogado y reivindicar su derecho a postularse al cargo de ambos tribunales.