Si algo nos ha enseñado la historia universal es que las acciones de los gobernantes no solo tienen el valor efímero del presente. Sus consecuencias, de modo irrefrenable y con tenaz fatalidad, se extenderán al devenir y recaerán de modo directo en las generaciones futuras, para bien o para mal. De ahí que quienes ejercen la acción de mando político de las comunidades humanas deban actuar con la necesaria prudencia, puesto que, del ejercicio de esa virtud, dependerá la decadencia o la grandeza de sus pueblos.

Una muestra de ello se halla en el siempre actualísimo libro “Momentos estelares de la Humanidad” de Zweig, cuya síntesis —quizás muy generalizada y arbitraria— es que cada conductor tiene 15 minutos en su actuar, tiempo en el que se deciden los destinos. Las acciones de los gobernantes no se hallan marcadas por un sino inevitable, escrito en las páginas fatales por un demiurgo. Al contrario, se hallan establecidas y regidas por cánones intelectuales y morales, por la razón y la moral, que en su conjunto constituyen la prudencia. Aquino, el santo africano, decía: “Conocer lo futuro en lo presente o lo pasado, que es lo propio de la prudencia, pertenece a la razón, puesto que se hace por una deducción”.

Este preámbulo va en relación a los hechos actuales en los que nos hallamos inmersos, en vista a la decisión tomada por los tribunales de Chile, en cuanto al juzgamiento de nueve bolivianos y su consiguiente sentencia de culpabilidad y las sanciones establecidas. Los antecedentes de tal veredicto judicial son de conocimiento público, así como también es de conocimiento general el manejo político que hicieron del tema los gobernantes, tanto chilenos como bolivianos. Ríos de epítetos y acusaciones marcan el prolongado tiempo transcurrido entre la situación que dio origen al proceso y el fallo final de la juez; situaciones que en su momento debían evitarse o por lo menos atemperarse.

Dado que está la sentencia, se debería marcar otros rumbos en los que prime la sensatez y la cordura. Lejos de eso, se sigue con el mismo accionar irresponsable, al extremo de argüirse que se tomarán acciones ante organismos internacionales como el Pacto de Bogotá, sabiendo bien que tal organización no tiene competencia alguna para conocer y menos decidir sobre el asunto en cuestión. De igual manera, se pretende acudir a la OEA para impugnar un fallo judicial que, amañado o no, ha sido dictado por una instancia legítima y constituida según las reglas del Estado al que pertenece, cuestión que tampoco puede ser argüida ante ese organismo internacional. Lo único válido y aconsejable para el caso es recurrir a la instancia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, reclamando que los procesados fueron sometidos a tratos indignos y crueles. Fundamentalmente, lo que debe hacerse es viabilizar que, del modo más expedito, se accionen todas las instancias para que los nueve connacionales retornen al país y gocen, en suelo patrio, de libertad y seguridad. Más allá de ello, cualquier otro exceso está destinado a causar mayores tirantes y exacerbar situaciones en las ya candentes relaciones con el país vecino. Cabe aminorar los ánimos, y esperar con optimismo un fallo favorable de la CIJ.