Mientras, de modo pragmático, en otros departamentos —como Santa Cruz—asumen a manos llenas y de inmediato financiamientos públicos para grandes obras, de un tiempo a esta parte, parecería que los cochabambinos —autoridades y ciudadanos— nos especializamos en decir “No”. Nos opusimos a la construcción de la carretera al Beni que pasaría por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis); rechazamos la construcción de un nuevo estadio en la zona del exhipódromo; criticamos el proyecto de edificación de un gran teatro para la realización de un festival internacional y ahora nos ponemos al frente de la construcción de un patinódromo en Coña Coña, escenario que serviría para los próximos Juegos Suramericanos Odesur 2018.

Por supuesto, en el primer y último caso señalados, había una razón de peso, el cuidado del medio ambiente, más en tiempos en los que toda la humanidad se ve amenazada por el calentamiento global (aunque, entretanto, las grandes potencias y a la vez las más contaminantes, como EEUU, se lavan las manos y no asumen su responsabilidad). A pesar de esta razonable justificación, sin embargo, no deja de ser llamativo el patrón de nuestra conducta colectiva, propensa a la negación.

Hace unas dos semanas, OPINIÓN informó que vecinos de la zona colindante a la laguna Coña Coña y activistas de diversos colectivos se reunieron para “tomar” el espacio en el que la Alcaldía de Cochabamba pretende construir el mentado patinódromo. Esa jornada, al menos una decena de niños, acompañados de sus padres se dieron cita en el lugar para participar de una jornada recreativa volando cometas. A su vez, una caravana de ciclistas recorrió varias arterias de la ciudad en apoyo a las movilizaciones que se realizaron a lo largo de la semana en contra del proyecto edil. Los estudiantes de varias unidades educativas aledañas tampoco fueron indiferentes y decidieron armar breves charlas y paneles, explicando a los visitantes “la importancia de cuidar la naturaleza”. Dos semanas después de lo anterior, autoridades del municipio hallaron una planta de marihuana en plena laguna, lo que avivó la polémica.

Desde luego, en el marco de la preservación de un espacio natural tan necesario, y más allá de cualquier tema político, criticamos a las autoridades ediles que no socializaron bien el proyecto desde el principio, así como no detallaron su impacto ambiental. De igual modo, observamos que la Alcaldía, en la misma lógica del “No”, se rehúse a sostener un diálogo con pobladores y activistas, queriendo imponer la obra a toda costa e incluso atacando en redes sociales a los que protestan.

Pero cierto es también que nuestros colectivos de activistas se quedan en el rechazo una obra y nada más, pese incluso a tener la conciencia del actual descuido de la laguna (responsabilidad de anteriores y la actual gestión municipal). Su petición más firme es la oposición a los trabajos. El rato en que probablemente la obra quede paralizada, parece que habrán cumplido su fin, y que todo siga a continuación como estaba. Nos falta, como ciudadanos, hablar, entendernos, ser propositivos.

Muy de provecho para todos sería que la Alcaldía o los colectivos tomen la iniciativa y abran mesas de labor técnica. Que unos se sinceren a plenitud respecto al daño al ambiente que causarán —y transparenten lo que se invertirá—, pero a la vez que tengan un serio plan para el cuidado de lo que resta del espacio y, claro, para la compensación de lo que se va a destruir. Del otro lado, y puesto que además entre los activistas existen profesionales altamente preparados, una gran cosa sería oponerse, pero, a continuación, ofrecer alternativas de otros espacios en los que los trabajos causen menos estragos y/o pedir, a cambio de lo que se hará, que se reforesten los alrededores de la misma zona, en una magnitud superior a los daños.

Ni imposición ni oposición a ciegas. Esa debería ser nuestra norma de conducta ciudadana.