Tras una audiencia cautelar que duró más de tres horas, el exjuez Eduardo A.L. fue enviado ayer a la cárcel de San Pablo de Quillacollo, con detención preventiva. La Fiscalía lo imputó por prevaricato, presuntamente cometido cuando ordenó que una mujer fuera enviada a la cárcel de varones San Sebastián, por un delito que según las leyes bolivianas no tiene prisión.

La víctima del caso es Silvia Antezana, quien denunció hace siete años que el dueño del condominio Plaza Real, Óscar Majluf, construyó ese inmueble con más pisos de los que permitía la norma municipal, gracias a que funcionarios aprobaron sus planos irregularmente. Un juez le dio la razón, pero no lo consideró un delito y Majluf la acusó de difamación, calumnias e injurias.

La acusación de difamación cayó en el Juzgado de Sentencia 2, de Eduardo A.L. El 18 de octubre de 2016, el exjuez ordenó la detención preventiva de Antezana en un penal de varones. La mujer sufrió una descompensación durante la audiencia y tuvo que ser internada en una clínica. Su abogado, Lurwyn Ledezma, presentó un recurso constitucional de acción de libertad que fue resuelto el 19 de octubre por el juez José Pompilio Coca.

Esa autoridad confirmó que la detención preventiva no procede en delitos de acción privada como son la difamación y las calumnias. Por lo tanto, el exjuez Eduardo A.L. vulneró la norma, el procedimiento y el debido proceso.

El Consejo de la Magistratura presentó denuncia contra el juez Eduardo A.L. ante el Ministerio Público.

Los fiscales de Persecución de Delitos de Corrupción Jaqueline Ponce Bráñez y Eduardo Terrazas Chacón investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que el juez Eduardo A.L. “ha actuado de forma manifiesta en contra de la norma, al haber ignorado lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa de Silvia Antezana. Sus hechos demuestran un absoluto menosprecio a la norma”.

Los fiscales imputaron a Eduardo A.L., el 21 de febrero de 2017, por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la ley.

En mayo, entre los 80 jueces que recibieron agradecimientos por sus servicios y quedaron fuera del Tribunal de Justicia, estuvo Eduardo A.L. Desde el mes de febrero, su audiencia cautelar se suspendió cuatro veces con diversas excusas. Ayer, en el quinto intento, la defensa del exjuez solicitó la libertad irrestricta para su cliente, pero la jueza Anticorrupción Susana Céspedes consideró que el exjuez no acreditó un trabajo estable, pues si bien presentó un NIT de abogado particular, no demostró la continuidad de su labor con facturación vigente. Por ello, decidió encarcelarlo.

El prevaricato, según el artículo 173 del Código Penal, es cometido por el juez que en el ejercicio de su funciones “dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la ley”. Si el imputado fuera hallado culpable en un juicio, podría ser sentenciado a una pena de cinco a 10 años de reclusión.

Hospitalizada, Silvia Antezana, dijo que la justicia al fin está impartiendo orden y anunció que vigilará el proceso contra el exjuez, hasta el final.