Tras conocerse la sentencia contra los nueve compatriotas detenidos en Chile, un agudo periodista e internauta escribió en su cuenta de redes sociales: “Por ser culpable, te liberan. Cuando la justicia, la diplomacia y la política se mezclan, surgen cosas insólitas”. Algo así ocurrió. El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte condenó y expulsó a los bolivianos, acusados desde hace tres meses por varios delitos y que en todo momento reivindicaron su inocencia. Es decir, fueron hallados “culpables”, pero, a continuación, serán liberados. Esta, entre muchas otras contradicciones y acciones del Ejecutivo y la justicia del vecino país, no solo desmienten la supuesta independencia de poderes, sino que dan la idea de que, en el fondo, lo ocurrido con los connacionales es una señal de escarmiento.

Los funcionarios bolivianos fueron detenidos el 19 de marzo por carabineros, que los acusaron de haber cruzado la frontera para intentar robar camiones con mercaderías. En cambio, Bolivia ha sostenido que realizaban un operativo contra el contrabando cuando fueron capturados. Larga es la cadena de abusos cometidos desde entonces. La “independiente” (según el canciller Heraldo Muñoz) justicia chilena extendió arbitrariamente el tiempo de la detención, a la vez que permitió vejámenes contra los detenidos y sus familiares. En principio, estos fueron capturados con la violencia más excesiva, que incluyó que los tiendan boca abajo con la cara contra la tierra y disparen a su alrededor. A más de eso, durante las audiencias se los vio enmanillados, cual si fueran peligrosos criminales.

Posteriormente, nuestras autoridades denunciaron que la madre de uno de los funcionarios fue discriminada por usar pollera. Era Basilia Mendo, madre de Brayan Quenallata Mendo, uno de los miembros de la Aduana. Mendo declaró que los carceleros de la prisión en la que se encontraba su hijo le advirtieron que debería ir vestida con falda y no con pollera. La situación de esa madre se sumó a la de un padre que dijo sentirse humillado porque en una visita a su hijo los guardias le obligaron a quedar en calzoncillos y le redujeron el tiempo de contacto con su ser querido. Por si no hubiera sido demasiado ya, luego de también agresiones a la prensa boliviana, Chile negó la visa a altas autoridades nacionales.

La de Chile fue, pues, una actitud hostil de principio a fin. Nos preguntamos qué es lo que hubiera pasado si los detenidos hubiesen sido de ese país y los bolivianos les habríamos dado un trato similar. Con total certeza, lo menos que hubiésemos lamentando del prepotente vecino son vastos despliegues militares de preparación de guerra.

El pueblo chileno sufre hasta hoy gobiernos a los que les debe ser muy difícil olvidar la herencia pinochetista. La actitud del dictador que gobernó a sangre y fuego entre 1973 y 1990 parece ser aún un referente para los políticos venideros, que actúan con el despotismo del que se sabe más fuerte. Y, hablando de Pinochet y la justicia chilena, ayer nomás supimos de otra muestra de su incestuosa vinculación. Una corte de apelaciones de ese país ordenó la restitución de fondos y bienes a la familia del fallecido exgobernante de facto que habían sido decomisados en 2004, informó la BBCMundo. El patrimonio incluye 23 propiedades, tres vehículos y siete documentos bancarios por 6.466.000 de dólares. Estos habían sido decomisados en el marco de una investigación por malversación de fondos y de cuentas secretas. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la devolución de los bienes embargados y restitución de las cuentas tras la prescripción de la acción penal por el tiempo transcurrido. En otras palabras, el fallo no se da por la inexistencia de los delitos, sino porque ya pasó más tiempo del permitido para aplicar una condena.