YPFB, luces y sombras
18 de junio de 2017 (19:27 h.)
Antes de emitir juicios rotundos, es bueno tratar de mirar las cosas con sus luces y sombras, además en perspectiva. En ese sentido, si se habla del bien del Tesoro General de la Nación (que no de la distribución o uso de los recursos, que es otro tema), es indudable que la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), emprendida por el Gobierno de Evo Morales, ha sido una medida acertada.
Ahí están los datos económicos que respaldan esta afirmación. YPFB generó, en los últimos 11 años, 33.500 millones de dólares en ingresos por concepto de renta petrolera, recursos que beneficiaron a todo el país. El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, indicó que la renta petrolera entre 1985 y 2005 fue solo de 4.500 millones de dólares en total, mientras que en 2014, en un solo año de la gestión de Morales, alcanzó a 5.400 millones de dólares. “Un año de Evo Morales ha sido 20 años de gobiernos neoliberales”, apuntó. Señaló además que la producción de gas se duplicó, de 30 millones de metros cúbicos día (MMmcd) a 60 MMmcd, en la última década. “Hemos multiplicado por siete el contrato a la Argentina. En 2005, exportábamos cerca de 4 MMmcd y hoy aproximadamente 20 MMmcd. Al Brasil exportábamos 24 MMmcd y hoy exportamos cerca de 30 MMmcd. Tenemos asimismo un mercado interno que ha crecido notablemente”.
Este es entonces un éxito económico sin precedentes en la historia del país, uno que contradice aquella afirmación liberal de que el Estado es un mal actor económico, pero además uno que debe ser cuidado con mucho celo. Y esto es algo que parece no estar sucediendo del todo. Desde que Morales asumió la Presidencia por primera vez en 2006, YPFB ha tenido ocho presidentes, todos interinos. Varios de ellos dejaron el cargo en medio de denuncias de corrupción, el último de estos, el pasado jueves, Guillermo Achá. El senador opositor Óscar Ortiz pidió ese mismo día a la Fiscalía General incluir a Achá en las investigaciones por las supuestas irregularidades en el proceso para comprar taladros a la firma italiana Drillmec. El legislador exigió al Ministerio Público incluir en la investigación a "Achá y a todos los que haya que incluir" para establecer "el grado de responsabilidad de cada funcionario".
A fines de diciembre pasado, el senador denunció supuestas irregularidades en el proceso de compra de tres taladros a Drillmec. La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos presentó en marzo los resultados de una investigación que detectó que hubo una "incorrecta adjudicación" en el contrato para la adquisición de los equipos de perforación. En abril, Ortiz denunció ante el Ministerio Público a Achá por los supuestos delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. Días después, el Ministerio de Justicia también presentó una denuncia ante la Fiscalía por este caso, pero no incluyó a Achá entre los funcionarios que pidió que sean investigados. Dentro de las investigaciones, han sido encarcelados hasta el momento siete empleados, seis de YPFB y Carmen Tellería, gerente legal de una empresa subsidiaria de la petrolera, YPFB Andina, participada por el Estado boliviano y la española Repsol. Los empleados encarcelados, que son sobre todo del comité de calificación de la licitación, están acusados de haber "beneficiado" a la italiana Drillmec con la compra de tres taladros de perforación por valor de 148 millones de dólares; aunque esta compra no llegó a hacerse efectiva, con lo que no hubo daño al Estado.
Es pues un deber para las autoridades del Ejecutivo y de la justicia esclarecer a fondo denuncias como las planteadas por Ortiz, para que así Yacimientos no sea solo un ejemplo de logro económico, sino además de total transparencia. No hacerlo puede derivar en crisis tan severas que podrían incluso terminar con una nueva privatización de la estatal. Veamos ejemplos como los de Petrobras en Brasil que, sumida en múltiples denuncias que mermaron su valor, debe considerar ahora vender parte de sus bienes, a bajo precio además. Yendo aún más lejos, el directorio de nuestra estatal debería tener una mayor participación de personalidades y especialistas de la sociedad civil, que fiscalicen todas y cada una de las acciones.
Ahí están los datos económicos que respaldan esta afirmación. YPFB generó, en los últimos 11 años, 33.500 millones de dólares en ingresos por concepto de renta petrolera, recursos que beneficiaron a todo el país. El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, indicó que la renta petrolera entre 1985 y 2005 fue solo de 4.500 millones de dólares en total, mientras que en 2014, en un solo año de la gestión de Morales, alcanzó a 5.400 millones de dólares. “Un año de Evo Morales ha sido 20 años de gobiernos neoliberales”, apuntó. Señaló además que la producción de gas se duplicó, de 30 millones de metros cúbicos día (MMmcd) a 60 MMmcd, en la última década. “Hemos multiplicado por siete el contrato a la Argentina. En 2005, exportábamos cerca de 4 MMmcd y hoy aproximadamente 20 MMmcd. Al Brasil exportábamos 24 MMmcd y hoy exportamos cerca de 30 MMmcd. Tenemos asimismo un mercado interno que ha crecido notablemente”.
Este es entonces un éxito económico sin precedentes en la historia del país, uno que contradice aquella afirmación liberal de que el Estado es un mal actor económico, pero además uno que debe ser cuidado con mucho celo. Y esto es algo que parece no estar sucediendo del todo. Desde que Morales asumió la Presidencia por primera vez en 2006, YPFB ha tenido ocho presidentes, todos interinos. Varios de ellos dejaron el cargo en medio de denuncias de corrupción, el último de estos, el pasado jueves, Guillermo Achá. El senador opositor Óscar Ortiz pidió ese mismo día a la Fiscalía General incluir a Achá en las investigaciones por las supuestas irregularidades en el proceso para comprar taladros a la firma italiana Drillmec. El legislador exigió al Ministerio Público incluir en la investigación a "Achá y a todos los que haya que incluir" para establecer "el grado de responsabilidad de cada funcionario".
A fines de diciembre pasado, el senador denunció supuestas irregularidades en el proceso de compra de tres taladros a Drillmec. La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos presentó en marzo los resultados de una investigación que detectó que hubo una "incorrecta adjudicación" en el contrato para la adquisición de los equipos de perforación. En abril, Ortiz denunció ante el Ministerio Público a Achá por los supuestos delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. Días después, el Ministerio de Justicia también presentó una denuncia ante la Fiscalía por este caso, pero no incluyó a Achá entre los funcionarios que pidió que sean investigados. Dentro de las investigaciones, han sido encarcelados hasta el momento siete empleados, seis de YPFB y Carmen Tellería, gerente legal de una empresa subsidiaria de la petrolera, YPFB Andina, participada por el Estado boliviano y la española Repsol. Los empleados encarcelados, que son sobre todo del comité de calificación de la licitación, están acusados de haber "beneficiado" a la italiana Drillmec con la compra de tres taladros de perforación por valor de 148 millones de dólares; aunque esta compra no llegó a hacerse efectiva, con lo que no hubo daño al Estado.
Es pues un deber para las autoridades del Ejecutivo y de la justicia esclarecer a fondo denuncias como las planteadas por Ortiz, para que así Yacimientos no sea solo un ejemplo de logro económico, sino además de total transparencia. No hacerlo puede derivar en crisis tan severas que podrían incluso terminar con una nueva privatización de la estatal. Veamos ejemplos como los de Petrobras en Brasil que, sumida en múltiples denuncias que mermaron su valor, debe considerar ahora vender parte de sus bienes, a bajo precio además. Yendo aún más lejos, el directorio de nuestra estatal debería tener una mayor participación de personalidades y especialistas de la sociedad civil, que fiscalicen todas y cada una de las acciones.