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  • Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
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Rehenes de los choferes

Rehenes de los choferes
Por si no fuera suficiente que la nuestra sea una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, por si no fuera perjudicial e irritante el caos vehicular en la urbe y por si no fuera notoria la permisividad de las autoridades con los gremios del transporte público, ayer OPINIÓN informó que el Concejo Municipal de Cochabamba aprobó el ingreso al Casco Viejo de otros 800 motorizados del sector.

Después de siete años de la última aprobación de líneas, el Concejo Municipal dio el aval, el pasado 31 de marzo, para que ocho nuevas pasen por el centro, incrementando así la circulación de centenares de taxitrufis y trufis.

El director de Tráfico y Vialidad de la Alcaldía, Ever Rojas, indicó que cada una de las líneas tiene entre sus afiliados un promedio de entre 100 y 120 motorizados, cuyos choferes se suman a las de otras 112 que ya operaban. Con estas nuevas rutas, hay 120 líneas de transporte en la ciudad, de las cuales 106 pertenecen al transporte federado y 14 al libre. Aunque la norma fue tratada de manera hermética en el Comité de Transporte y se remitió al Concejo Municipal para su aprobación en la fecha señalada, Rojas aseguró que no se legalizará ni una línea más en la gestión del alcalde José María Leyes.

El presidente del Concejo Municipal y, ojo, también representante del autotransporte, Iván Tellería, indicó que el crecimiento del transporte público es un “problema social” causado por la falta de fuentes de empleo. Aseguró que hay gente de todos los estratos sociales que presta ese servicio para generar recursos. “Cuando una persona sin trabajo logra reunir un capital, lo que hace es ingresar a una línea de transporte. Pero esta será la última vez, ya no se aprobará más (normas)”. Cabe preguntarse cuál sería la garantía de que, con su medida, el Concejo estuviera solucionando el “problema social” de una vez por todas.

Ahora bien, más allá de que se agravarán la contaminación y el desorden del tráfico —con lo cual mermará aun más la calidad de vida de los ciudadanos—, lo cierto es que la norma es un inmerecido premio para un sector por demás abusivo como es el de la dirigencia de los transportistas (varios de cuyos integrantes, por cierto, lejos de tener “problemas sociales”, son potentados). Basta recordar todos y cada uno de los “paros movilizados” de los choferes: no solamente privaron de su servicio al pueblo, sino que, chicote en mano y de modo violentamente arbitrario, impidieron el derecho a la circulación de la colectividad. Fuera de lo anterior, es conocido que los choferes no renuevan sus contaminantes e incómodos vehículos, y son pan del día las denuncias de maltrato a niños, mujeres y ancianos, tal como su temerario modo de manejar.

Ese es el sector al que se premia. Se lo hace no por otra cualidad que no sea su capacidad de movilización y el nicho de votación que representa. Y, aunque la actual gestión edil de Leyes tiene fuertes alianzas con los choferes, el tema no es de política partidaria. Son de sobra conocidos ejemplos de uniones en anteriores gestiones municipales e incluso se puede identificar a toda una bancada de exchoferes que fueron y son legisladores de oficialismo y oposición. Está también como muestra el caso de la ciudad de La Paz, donde hay serios indicios de “simpatías” —por decir lo menos— entre la dirigencia del sector y autoridades del Gobierno nacional.

Así, pues, en su mezquindad y carencia de perspectiva, nuestros políticos son rehenes de los transportistas, y con ellos lo terminamos siendo todos los que debemos por ende aceptar normas para más vehículos, alzas de pasajes o violencia. No ha surgido aún el líder que entienda que, por el contrario, una ruptura radical con el sector para ponerlo en orden significaría un caudal mucho mayor de apoyo del conjunto de la población en verdad cansada de los abusos.