“El Gobierno consideró los resultados y las pruebas de transmisión llevadas a cabo en nuestro país, y por eso ha decidido optar por el estándar japonés-brasileño de transmisión de televisión digital terrestre", dijo el Canciller el lunes 5 de julio de 2010. Hasta el día de hoy, no he leído ningún comunicado o posición institucional de los medios, de las empresas de telefonía, del mundo académico, de la oposición política ni de las organizaciones sociales respecto a esa decisión. Como si ese ya tradicional gesto autoritario no tuviese importancia política ni impacto comunicacional ni afecte derechos humanos básicos.

En todos los países latinoamericanos que han tomado o están tomando esta decisión, el debate ha sido largo -ha tomado años- y ha involucrado a toda la sociedad. Porque la televisión digital no es solo un salto cualitativo fundamental desde la perspectiva tecnológica; es, sobre todo, una extraordinaria posibilidad para democratizar la comunicación y los medios. Que el Gobierno considere de su exclusiva incumbencia tomar esta decisión y que la haya anunciado el lector de las arrugas de sus abuelos porque suponen que involucra sobre todo efectos geopolíticos, es difícilmente comprensible. Pero que el país se calle, es doloroso. Porque demuestra que “Morir antes que esclavos vivir” se ha convertido en la comodidad de callar para otorgar.

La televisión digital tiene muchas ventajas: cada estación puede ofrecer varios canales y no, como ahora, uno solo, con la consiguiente disminución de costos y pluralidad de oferta y expansión del mercado de trabajo comunicacional; mayor calidad de imagen y sonido; interactividad; transmisión de datos; bajada directa de señales satelitales a costos bajísimos, y lo más importante, es el paso que faltaba para construir un sistema general de comunicación (es decir, televisión + telefonía + internet). De aquí su importancia para la profundización de la democracia política y de la democracia comunicacional y mediática. Porque muy rápidamente será posible que cada ciudadano sea un periodista, es decir, que cada ciudadano fiscalice al Estado y comparta sus propuestas. En otras palabras, la televisión digital podría convertir rápidamente en anacrónico el cuasi monopolio gubernamental de su radio rural Patria Nueva, y lograr que las comunidades rurales comuniquen su vida por sí mismas, sin padrinazgos ni tutelajes.

Baltasar Garzón en el prólogo a “Breve historia de la corrupción” anota: "La responsabilidad de los medios de comunicación es de tal magnitud que puede afirmarse que de su uso adecuado depende el futuro de una sociedad que, queramos o no, es esencialmente mediática" (...).