El 19 de noviembre del año en curso tendrán lugar en Chile las elecciones presidenciales para el período 2018-2022. Junto a las presidenciales, se desarrollarán también las elecciones de diputados y senadores y las elecciones de los consejeros regionales. Aunque la mayoría de las fórmulas que buscarán alcanzar la presidencia aún no están definidas, parecen surgir dos certezas de cara al embate por la presidencial.

En primer lugar, tenemos que, por primera vez desde el retorno a la democracia en Chile, el juego estará más abierto que nunca. Habiendo pasado más de 25 años desde el fin de la dictadura, el bipartidismo ofrece síntomas de agotamiento derivado de que el Estado neoliberal no consigue responder a los nuevos dilemas planteados por la sociedad chilena. Y en segundo lugar está la disputa en el plano económico, que a grandes rasgos se circunscribe a una batalla por una mayor equidad social.

Chile es un país profundamente desigual, resultado del modelo de acumulación surgido durante el laboratorio de pruebas del neoliberalismo mundial que significó la dictadura pinochetista, y que no se ha visto modificado sustancialmente desde el retorno a la democracia. Si hablamos de desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso, nos encontramos con que Chile es el país más desigual de toda la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El 1 por ciento más rico de la población concentra el 30.5 por ciento del ingreso total del país, incluyendo ganancias del capital. Y si nos fijamos en los superricos, tenemos que el 0.1 por ciento de la población concentra el 17.6 por ciento del ingreso total (López, R., Figueroa, E. y Gutiérrez, P., 2013).

Es importante analizar el origen de esta desigualdad. Para esto es fundamental distinguir entre la distribución primaria y la distribución secundaria del ingreso. La distribución primaria del ingreso es la que se origina con el proceso de producción y queda determinada por la porción del valor agregado que se distribuye entre los propietarios del capital y los trabajadores. Algunos de los aspectos claves que determinan esta distribución están relacionados con la propiedad de los medios de producción o con el poder de negociación de los trabajadores, y en consecuencia, con las regulaciones sobre el trabajo.

Para entender lo que ha ocurrido en Chile sobre la propiedad de los medios de producción, basta con tomar el ejemplo de lo que ocurrió con el sector más importante en cuanto a ingresos generados de la economía chilena, la minería, y, más concretamente, la minería del cobre. Remontándonos en la historia, tenemos que, como resultado de la larga lucha del pueblo chileno, el 11 de julio de 1971 el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la nacionalización del cobre. De este modo, el sector que más importantes beneficios pasaba a ser propiedad de todos los chilenos. Posteriormente, en 1981, la dictadura de Pinochet iniciaba el proceso de privatización y desnacionalización del cobre. La apertura del sector se ha ido incrementando durante los sucesivos gobiernos democráticos, y fruto de esto es la cada vez menor participación de la estatal Codelco en la explotación del cobre. Mientras que en el año 1973 la participación de Codelco representaba el 94 por ciento (Caputo, O. y Galarce, G., 2007), para el año 2016 tan solo representa el 33 por ciento , frente al 67 por ciento que representa la minería privada, principalmente extranjera (Consejo Minero, 2016) (...).

(Tomado de www.celag.org)