“En las calles,/ en las plazas,/ encontrarán nuestros pechos./ Hemos venido de lejos/ a exigir nuestros derechos”. Interpretados por una banda, los acordes de la canción “Los mineros volveremos” resonaron el viernes en el entierro del histórico dirigente minero Filemón Escóbar (Uncía, 1934), fallecido en Cochabamba el pasado 6 de junio.

La pieza es un emblema de la llamada Marcha por la Vida, que en 1986 efectuaron rumbo a La Paz trabajadores de las minas contra la llamada “relocalización” impulsada por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro (MNR). La movilización fue uno de los momentos cúspide en la trayectoria sindical de Escóbar, y en ella participaron de inicio al menos cinco mil obreros de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

El 22 de agosto se inició la protesta. Los trabajadores marcharon contra la política del Gobierno, implementada tras la hiperinflación profundizada en la gestión de la UDP. La Nueva Política Económica (NPE) de Paz Estenssoro estuvo sustentada en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, con fuerte influencia de EEUU, condicionaba su asistencia económica al Ejecutivo a la aplicación de medidas. Entre ellas estaba el cierre de los centros mineros “improductivos”, sin otro argumento que el resultado “ineficaz” en la ecuación capitalista que reclamaba ganancias.

Los titulares de apertura del matutino del 23 de agosto dan una idea del estado de las cosas: “EEUU respalda plan de estabilización” y “Misión del FMI evaluará plan económico de ajuste”. Un editorial de OPINIÓN indicó: “Estamos ante un acontecimiento decisivo. De la forma de encararlo depende la validez de los principios sobre los que se funda el Estado. El uso de la fuerza demostrará que las ideas y argumentos están agotados. En cambio, si evitamos encuentros trágicos todavía podemos conservar la vida, y a partir de ella hacer de la ilusión y a la esperanza práctica cotidiana”.

Las declaraciones de los dirigentes mineros, entre ellos Filemón Escobar, anunciaban que la movilización era pacífica. Debía llegar a de La Paz en una semana, y, una vez allí, se declararía una huelga de hambre indefinida para lograr la revocatoria de la política gubernamental, contenida en el Decreto Supremo 21060. Entretanto, el Gobierno, descartando la propuesta de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, llevó adelante la “reestructuración” de Comibol, instaurando el despido masivo. Los administradores del Estado sustentaban las medidas de “racionalización” del FMI. Por su lado, la masa de trabajadores reclamaba su derecho al trabajo y a la vida.

Enviados especiales de OPINIÓN cubrieron la marcha desde poblaciones como Sica Sica y Patacamaya. La manifestación llegó a tener 17.000 obreros. Bajo el argumento de la intromisión de “dirigentes políticos ultristas” y la supuesta existencia de un complot, el Gobierno decretó, el 28 de agosto, Estado de sitio. Se procedió a la detención de dirigentes políticos y sindicales de oposición para ser confinados a la localidad de Puerto Rico (Pando). En estas circunstancias, la marcha se encontraba cerca de la población de Calamarca, a unos 60 kilómetros de la ciudad de La Paz. Allí los mineros fueron cercados y detenidos por el Ejército. En ese momento decisivo y ante el riesgo de que se pierdan vidas, dirigentes como Escóbar determinaron detener la protesta.

Para superar la crisis que convulsionaba al país entero, se abrió el diálogo entre partes. La COB mantuvo su posición de mantener la huelga, condicionando su levantamiento a la derogatoria del Estado de Sitio, liberación de los confinados y suspensión de los juicios políticos, reiterando asimismo su irrenunciable posición de resistencia a las medidas económicas del FMI, que al final se impusieron.