El Ministerio de Justicia ha registrado, en un informe referido al 2016, más de 270 denuncias formales por violencia política contra las mujeres que ejercen alguna función pública en todo el país. Solo 13 han concluido en alguna resolución administrativa, pero ninguna en una sanción penal, a pesar de que en varios casos ciertamente los agresores la merecían; por tanto, no hay ninguna pena de cárcel. Si a las denuncias se añadieran las que no se realizan por amedrentamiento o desconocimiento de la ley, tendríamos una radiografía del machismo político boliviano en su peor expresión.

En otro ámbito, la corrupción ha sido permanentemente encubierta. Los casos Fondo Indígena, Zapata, Tecnimont, Barcazas Chinas, Drillmec —solo para mencionar los más mediáticos de los últimos años— no han sido resueltos. Las condenas afectan a personajes secundarios y se evita la sanción contra los autores centrales. Si hubiese existido una verdadera lucha contra la corrupción desde la Fiscalía y la Contraloría, gran parte del Poder Ejecutivo estaría en la cárcel por acción, complicidad u omisión, y tendríamos una radiografía de la degradación de la gestión pública.

Una de las narrativas gubernamentales que ha persistido durante toda la gestión es la victoria contra la pobreza. Sus datos afirman que estos diez años la pobreza ha disminuido del 60 al 40 por ciento , y la pobreza extrema del 37 al 17 por ciento . Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo muestra que el empleo informal superó el 70 por ciento en 2016, y que ese porcentaje ha crecido durante estos diez años. Según datos de Enrique Velasco Reckling, la proporción en la que se distribuye el Producto Interno Bruto ha empeorado notablemente desde la perspectiva del trabajador. En 1990, el 35 por ciento del PIB quedaba en manos del trabajador; en 2013 cayó a 25 por ciento . También en 1990, el porcentaje del PIB que pertenecía al excedente empresarial fue del 57 por ciento ; en 2013 bajó a 50 por ciento . El Estado, en cambio, ha incrementado su participación en el PIB por la vía de la recaudación impositiva del 8.6 por ciento en 1990 al 25.4 por ciento en 2013.

Por consiguiente, aún si los datos del INE fueran ciertos y solo el 57 por ciento de los bolivianos fueran pobres o muy pobres, eso es resultado de la redistribución forzada de la “riqueza” por la vía de los bonos, y no producto del trabajo ni de la disminución de la inequidad (tenemos todavía casi la misma desigualdad hoy que hace 12 años porque solo disminuimos de 0.55 a 0.48). Si se hubiese destinado el ingreso que tuvo Bolivia (100.000 millones de dólares en diez años) por el extraordinario precio de los hidrocarburos a cambiar la matriz productiva y mejorar el empleo, hoy seríamos un país más rico, más justo y con mayor productividad. Pero, claro, eso no ha sucedido (...).