El Ministerio Público aprehendió ayer a cuatro funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y encubrimiento, al beneficiar a la empresa italiana Drillmec para la adjudicación del contrato de compra de tres equipos de perforación.

“La comisión de fiscales, en su calidad de directores funcionales de la investigación, libró un mandamiento de aprehensión contra estas cuatro personas debido a que el caso reviste gravedad por la vulneración del bien jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia”, señaló el director nacional anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Gutiérrez, según un boletín institucional.

La comisión de fiscales conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla se trasladó a la ciudad de Santa Cruz, donde convocó al vicepresidente administrativo de Contratos y Fiscalización, Bigmarck S. P., al gerente de Perforación Corporativa, David P. A., además de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix B. M.y Gizel S. R., todos miembros del Comité de Licitación, quienes prestaron declaraciones en calidad de sindicados para posteriormente ser aprehendidos y trasladados a la ciudad de La Paz.

Según la denuncia, el 12 de agosto de 2016 YPFB publicó una convocatoria para el proceso de adquisición de tres equipos de perforación bajo la modalidad de ofertas. El 10 de octubre de ese mismo año se realizó la apertura de los sobres de las propuestas en las que figuraba Drillmec, la cual fue aprobada y recomendada por el Comité de Licitación.

“Sin embargo, dentro de dicho proceso de contratación se han advertido irregularidades, observaciones y acciones ilícitas cometidas por los servidores públicos que llegaron a conformar el Comité de Licitación”, señala la orden de aprehensión.

De acuerdo con el documento elaborado por los fiscales Terrazas y Jarandilla, los miembros del Comité de Licitación vulneraron la normativa vigente y el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero, mediante actos administrativos, acciones y omisiones durante el proceso de licitación, concertación, elaboración y firma del contrato.

Según la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, el Comité de Licitación incrementó en 60 millones de dólares el precio referencial, entre otras irregularidades.

Denuncia

El ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, presentó la denuncia el pasado 18 de abril en Sucre.