En poco más de un mes, se cumplirán dos décadas del final del primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo de la justicia boliviana por la matanza de 2003, durante su segundo mandato. Conviene pues recordar aquella primera gestión que, a comparación de la segunda, tuvo algunas luces, aunque de todos modos contribuyó decisivamente a las crisis económicas que después vivió el país.

Sánchez de Lozada, durante el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro, entre 1985 y 1989, cumplió funciones como ministro de Planeamiento y Coordinación. Desde ese cargo emergió como figura del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), por su protagonismo en la construcción de los lineamientos de una nueva política económica, con las ideas del liberalismo, del que fue su defensor.

Elegido como representante del MNR para las elecciones de 1989, se presentó como candidato oficialista y, pese a que ganó en la votación, tuvo que ceder la Presidencia a Jaime Paz Zamora, del MIR, partido que firmó una alianza con ADN. En 1993, Sánchez de Lozada se postuló nuevamente, resultando ganador con mayor margen y, por ello, posesionado como Mandatario.

Establecida su gestión, después de la obstaculizada aplicación de la agenda movimientista iniciada por Víctor Paz, interrumpida por el periodo de Paz Zamora, Sánchez de Lozada retomó con mayor decisión la continuación de acciones pragmáticas para consolidar lo hecho desde 1985. Su denominado Plan de Todos incluyó la Capitalización, consistente en una novedosa tipología de privatización. La medida económica contemplaba que las empresas estatales capitalizadas vendieran el 50 por ciento de su patrimonio a socios capitalizadores que asumirían la administración.

El otro eje fue la Reforma Educativa, programa que se inició sin éxito en la gestión de Paz Zamora. La medida intentaba mejorar la calidad de la educación, especialmente fiscal, con la incorporación de la educación multiétnica y multilingüe. Esta experiencia fallida tuvo grandes escollos por la oposición de gremios trotskistas del Magisterio, que impidieron su aplicación integral.

El tercer soporte del Plan de Todos fue la Participación Popular, que gestionó el concurso de entes descentralizados en los gobiernos municipales, que pasaron a recibir recursos económicos de acuerdo a su cantidad de habitantes.

Pese a las propuestas, el prolongado incumplimiento o deformación de estas, además de la entrega de las empresas del Estado a consorcios extranjeros en condiciones muy desventajosas, suscitó progresivamente un rechazo sistemático a las medidas, traducido en constantes reclamos populares que comprometieron la estabilidad del Gobierno. La capitalización de las empresas del Estado como ENTEL, LAB, ENFE y, especialmente, YPFB, tuvo reacciones adversas. Entretanto, sus gestores se congratulaban por tan “exitosas” transacciones, sin advertir que las mismas motivarían las causas de su ruina política posterior. Desde el inicio de las medidas, OPINIÓN mantuvo una posición crítica, y sobre todo informó a la población en detalle los alcances de las acciones, para que esta emita su propio juicio.

En el aspecto político, en este periodo se ensayó una antigua estrategia del MNR, la de la alianza con otros partidos, proceso sin mayores aciertos, salvo el del primer acercamiento efectivo con los indígenas mediante la nominación de Víctor Hugo Cárdenas como el primer vicepresidente indígena de la historia.

Se suscitaron varios otros acontecimientos relevantes. Uno de ellos fue la llamada Guerra de la Coca, en abril de 1995, con enfrentamientos entre cocaleros y fuerzas militares en el Trópico cochabambino. Se registró la muerte de decenas de campesinos y militares, confinamientos, marchas de mujeres cocaleras a la ciudad de La Paz, y otras protestas que, lideradas por el entonces representante de la Federación Especial de Campesinos del Chapare, Evo Morales, derivaron años más tarde en la organización del partido Movimiento Al Socialismo (MAS).