El Gobierno dijo ayer que son las mujeres las que deben debatir y hablar sobre el aborto y no el Estado o la Iglesia, en medio de la intensa polémica que hay en el país acerca de una norma que la Asamblea Legislativa trata para flexibilizar las causales que permitirán la interrupción del embarazo.

"Ni el Estado ni la Iglesia ni los varones pegamujeres; hay que darle autoridad a la mujer que va a llevar en su cuerpo nueve meses un ser, la que tenga que decidir sobre esto", dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, ante los medios, tras ser consultado sobre la propuesta para hacer un referendo sobre el tema.

Una comisión de la Asamblea Legislativa aprobó que, dentro de la reforma del sistema penal, haya nueve causales para permitir el aborto impune, que actualmente está permitido en casos de violación o riesgo de la vida o salud de la madre o el feto.

El proyecto señala que una mujer puede interrumpir un embarazo si no cuenta con recursos económicos suficientes, tiene muchos hijos, es estudiante, su vida corre peligro o se detectan malformaciones fetales incompatibles con la vida, entre otras causas.

Quienes se oponen a las reformas que tratan los diputados afirman que se está despenalizando el aborto, pero el vicepresidente dijo que el aborto está penalizado en Bolivia y va a seguir así.

De hecho, el proyecto de ley mantiene que el aborto al margen de las nueve causales planteadas está penado por la ley.

García Linera insistió en que el "ideal democrático" es que "las directamente involucradas decidan, tomen la decisión y que no venga alguien por encima de ellas a decirles lo que tienen que hacer".

El ministro de Justicia, Héctor Arce, planteó la idea "a título personal" de someter a referendo la flexibilización de las causas del aborto.

185 Abortos

Según datos de la Defensoría del Pueblo, en Bolivia cada día se realizan 185 abortos en condiciones de riesgo. El aborto clandestino y las complicaciones durante el embarazo son la tercera causa de muerte materna en el país.