Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 09:52

DESDE EL CUARTO PROPIO

Cero tolerancia

Cero tolerancia
La conocida consigna feminista “Lo personal es político” toma nuevo significado a la luz de los hechos de violencia contra las mujeres en el ámbito de la política boliviana. Primero, por la cantidad de denuncias de violencia y acoso político contra mujeres candidatas o en ejercicio de cargos públicos, que se han presentado en los últimos años; y, segundo, por las acciones violentas de políticos contra mujeres, sus subalternas o (ex) parejas.

Las brutales agresiones sufridas por la concejala de Tapacarí, propinadas por nada menos que el presidente del Concejo, Ignacio Mendoza, y el alcalde del mismo municipio, Severino Vargas; y las amenazas de violación contra otra concejala ponen nuevamente en evidencia la salud de nuestro sistema político.

No se trata de hechos aislados. Recordemos la violación de una funcionaria de la Asamblea de Chuquisaca por parte de un asambleísta en la que estuvo involucrado el Vicepresidente del ente legislativo. De data más reciente es el caso de Marín Sandóval, autor confeso de una golpiza contra su pareja, también funcionaria de la Asamblea de La Paz; la denuncia de la asambleísta Claudia Bravo contra su par por amenazas y violencia psicológica; las denuncias de violencia de concejales de Cochabamba y la del concejal Jorge Silva de La Paz.

Estos hechos generaron respuestas del entorno político, expresiones de rechazo y repudio, todas enmarcadas dentro de lo “políticamente correcto”. Sin embargo, pocas son las acciones concretas que muestren cambios y den señales de que efectivamente no se dará paso al encubrimiento y la consecuente impunidad.

El sistema político, y particularmente el de partidos, está impregnado de valores machistas de nuestra sociedad, de ahí que la cultura política, los comportamientos violentos contra las mujeres sean tolerados, minimizados y encubiertos. Lo que debe discutirse es cómo transformar la cultura política para ofrecer a las mujeres condiciones adecuadas para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos; pero, al mismo tiempo, asegurarnos de que los valores democráticos y de no violencia trasciendan no solo la vida pública, sino en el comportamiento de los ciudadanos que quieren representarnos. No se puede tolerar el doble estándar de vida, el “bueno” en la calle y machista violento en la “casa”.

El abundante marco normativo boliviano, el certificado de no violencia del Sipase, entre otros, serán simples avances simbólicos si no existe real voluntad política, señales claras de “tolerancia cero” frente a los agresores y violentos.