Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 17:55

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Requerimiento

Requerimiento
El Gobierno chileno ha decidido quitar la visa de ingreso a su país a todo aquel funcionario boliviano que pretenda averiguar la situación en la que se hallan nuestros compatriotas encarcelados en dicho país, acusados de ciertos ilícitos que hasta la fecha no quedan claros ni definitivamente establecidos. Lo único evidente y ciertamente publicitado al extremo son los desplantes, insultos y agresiones recíprocas de quienes ejercen funciones administrativas y políticas en ambos estados, y cuyas investiduras les obligaban a la cautela, la sobriedad y la prudencia política, cuando no a la cortesía internacional, requisitos indispensables para un relacionamiento normal y civilizado.

La actitud del Gobierno chileno de “desvisar” —acaso el término exista— a ciertas autoridades nacionales de alto rango es rayana en la torpeza, cuando no, y a todas luces, es una agresión directa e injustificable. Es verdad que las relaciones con el país vecino son notoriamente particulares por circunstancias ampliamente conocidas que emergen desde 1879, y se tensan recientemente por la demanda legítima que plantea Bolivia ante la CIJ.

Pero no es menos cierto que, a lo largo de toda esa historia, los dos pueblos han demostrado en los hechos ciertos grados de tolerancia y amistad, que establecieron una convivencia aceptable y pacífica por largos años. En el caso concreto en el que nos hallamos inmersos y habida cuenta de los hechos, observamos que el Gobierno nacional ha tenido suficientemente informada a la opinión pública sobre los hechos relacionados a la captura de nuestros connacionales y su puesta en prisión, así también es loable que les haya proporcionado medios de defensa, como contratación de servicios legales y otro tipo de asistencia, alcanzando esa colaboración directa a familiares directos de quienes son procesados fuera del territorio.

Por lo que sabemos, tales funcionarios están sometidos a la justicia ordinaria por la supuesta comisión de hechos considerados delictivos en ese país; pero lo que no sabemos a ciencia cierta y sobre deberíamos estar plena y debidamente informados son las argumentaciones jurídicas que respaldan tanto la acusación como la defensa de los ahora imputados. Sin duda alguna, quienes están a cargo de ambas situaciones procesales hacen constar sus opiniones por escrito, las cuales tienen un carácter público.

Que yo sepa, el Gobierno nacional no escatima medio alguno para hacer conocer su labor administrativa y ejecutiva en el presente caso, pero lamentablemente ha descuidado la parte esencial de la situación que necesariamente se fundamenta en aspectos jurídicos procedimentales, que no han sido reproducidos debidamente por ningún medio escrito en el país ni siquiera en resúmenes.

Se quiera o no, la situación emergente de la detención de nuestros compatriotas es ya un hecho histórico, y como tal debe ser valorado con documentación precisa y oportuna, máxime aun si sabemos y estamos conscientes de que el pronunciamiento tan esperado de la Corte de Santiago solo marcará un capítulo de esta triste situación. El conocimiento de los actuados nos permitirá una evaluación, quizás la más importante sea establecer si nuestros compatriotas han merecido debido proceso o no.

El Gobierno nacional está en la obligación de publicar las argumentaciones jurídicas que se esgrimen contra nuestros hermanos.