Planteamos la idea en un editorial del pasado jueves y, seguramente tras haberla considerado ya mucho antes, ese mismo día el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, tomó una iniciativa en ese sentido: comenzar una acción legal para impedir los paros del sector salud que tanto afectan a la población. Una acción popular (acción judicial por la cual los poderes públicos y los ciudadanos están legitimados para instar la actuación de la justicia en defensa de intereses colectivos) fue presentada por la Defensoría ante estrados judiciales contra el Colegio Médico de Bolivia.

Tal entidad convocó a sus afiliados a —por enésima vez, en lo que es ya una costumbre casi mensual— una huelga nacional, que se cumplió los pasados miércoles y jueves, con el respectivo perjuicio para miles de bolivianos que, no pudiendo pagarse atención privada, no tuvieron esos días ni la posibilidad de hacer colas para los —por lo general malos— servicios públicos.

En esta ocasión, los galenos rechazan dos decretos del Gobierno, que permiten a los trabajadores cambiarse de empresas que dan seguros y establecen un nuevo sistema de fiscalización del servicio de sanidad, porque, aseguran, van en contra de otras normas. El sector teme que si las empresas y los empleados cambian con libertad a sus proveedores de seguridad sanitaria pueden complicarse las finanzas de varias entidades, pero también rechazan que se fiscalice el servicio de las aseguradoras. Hasta ahí las demandas de los médicos, esta vez cuestionables, por cierto, sobre todo por el rechazo a la fiscalización.

Tras consumar su paro, el Colegio Médico entró en diálogo con el Ministerio de Salud la noche del jueves, acercamiento que sin embargo los dirigentes abandonaron, poniendo como pretexto la iniciativa del Defensor del Pueblo y amenazando con extender la huelga por otras 72 horas. "Hemos sido convocados a un diálogo sincero y práctico (...). Y mientras nos daban buenas intenciones, el Defensor del Pueblo, con una puñalada en la espalda, estaba presentando la acción popular", dijo el presidente de la entidad, Aníbal Cruz, aunque adelantó que mañana su sector retomaría el diálogo.

Tezanos Pinto presentó el recurso de acción popular en contra del Colegio Médico por violar el artículo 38 de la Constitución, que establece que los servicios de salubridad son “ininterrumpidos”. Señaló que una cosa son las huelgas por los derechos laborales y algo muy diferente asuntos administrativos que violan el derecho a la salud.

Como señalamos el jueves, no vamos a desconocer que, ciertamente, el Gobierno se ha aplazado en cuanto a la salud y, aunque hay anunciados proyectos de infraestructura, la situación parece que mucho no cambiará. Añadimos ahora que tampoco desconocemos las denuncias y críticas que surgieron contra el Defensor del Pueblo desde que este fue electo, por su afinidad con el oficialismo.

No obstante, más allá del manoseado tema político, creemos que en esta oportunidad Tezanos Pinto está cumpliendo su labor y la está cumpliendo bien. Y es que un sector tan literalmente vital como es el salubre no puede darse el lujo de suspender labores por, como sucede en Bolivia, cualquier motivo. Un ciudadano enfermo puede incluso morir en cuestión de horas si es que no recibe atención inmediata a sus malestares. Y es la vida lo que todo Estado debe resguardar, primero que nada.

Así pues, en otros países los paros salubres son ilegales y quienes los promueven afrontan penas de cárcel, algo que consideramos justo porque no se puede poner en riesgo la vida de las personas. De ahí que la iniciativa de la Defensoría debería ser respaldada por el conjunto de la sociedad.

Muy aparte de lo transitorio de este conflicto actual, el Colegio Médico debería además entender que con la suspensión de actividades perjudica solo a los sectores más empobrecidos. Se sabe que empresarios pudientes y hasta altas autoridades públicas no utilizan los servicios estatales.