El presidente de Bolivia, Evo Morales, negó ayer que el Gobierno busque con una ley que las empresas quebradas sean confiscadas para pasar automáticamente a manos de los sindicatos y aclaró que podrán ser compradas a los empresarios.

Morales dijo en un discurso que es "falso" que confiscar sea la intención del proyecto de ley de Empresas Sociales, que ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y ha provocado alarma en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

Por su parte, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, anunció que el tratamiento de la normativa en esa instancia queda en suspenso hasta una reunión con los representantes de la patronal.

Agregó que explicarán que lo que buscan "de ninguna manera reviste un afán confiscatorio" ni es "un intento solapado de avanzar sobre la propiedad privada de manera arbitraria".

Morales explicó que la idea, a propuesta de los sindicatos fabriles, es que los trabajadores de una empresa con problemas financieros o en quiebra pueden conseguir créditos bancarios para comprar esas unidades productivas a sus dueños.

Agregó que los obreros, que están en riesgo de ser despedidos, pueden crear "una empresa comunitaria, una empresa social, siempre y cuando paguen al empresario al costo" de la compañía.

Cuestionó que se interprete la norma como un intento de confiscación de las empresas privadas y comentó que ayer se vio sorprendido por la reacciones del sector en los medios.

La CEPB de Bolivia se declaró en emergencia por ese proyecto de ley que, en su criterio, pone en riesgo la propiedad privada.

El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, pidió que el Senado reconsidere varios artículos del proyecto, en particular el 4 y el 7 que, a su juicio, son "medios para confiscar la propiedad privada e inviabilizar la apertura de empresas en el país".

Calificó de "inaceptable" e "irracional" que el artículo 7 del proyecto establezca como causal para arrebatar la propiedad de una empresa la disminución de las actividades productivas o el retraso en el pago de servicios, salarios y aportes a la seguridad social durante tres meses continuos.

TRES AÑOS El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, afirmó ayer que el proyecto de la Ley de Empresas que plantearon los fabriles a la Asamblea Legislativa fue elaborado en base a un decreto supremo vigente hace tres años y aseguró que esa norma no generó ninguna "hecatombe" como anticipó el titular de los empresarios bolivianos, Ronald Nostas.

Rada puntualizó que está vigente el decreto 1554, promulgado en 2014, norma que se refiere a empresas sociales y remarcó que, en esos tres años, no ha ocurrido la hecatombe que anunció "el señor Nostas con declaraciones tan subidas de tono".

Manifestó, según ABI, que ese proyecto de ley estaba en debate en la Asamblea Legislativa y consideró que seguramente se convocará a las distintas partes para elaborar un documento final.

Requisito

Un proyecto de ley posibilita a los obreros que están en riesgo de ser despedidos crear una empresa comunitaria o social, siempre y cuando paguen al empresario.