Excelentes, regulares, mediocres y malos profesionales los hay en todos los ámbitos. Existen buenos y malos periodistas, economistas, albañiles, cocineros, etc. Nos llama sin embargo la atención el comportamiento colectivo —que no unánime— de un gremio que, al menos en teoría, por su misma formación y contacto con las personas, debería propender siempre a defender la vida, por encima de cualquier interés. Nos referimos a buena parte de los médicos y trabajadores en salud del sector público, cuyos paros por cualquier motivo ya no son noticia, sino una costumbre que se retoma cada cierto tiempo.

A convocatoria de la dirigencia de los galenos, ayer se cumplió el primer día de una huelga nacional de 48 horas. Como si la atención salubre no fuera ya pésima, estos días miles de bolivianos no tendrán ni siquiera el chance de hacer colas para acceder a ella, no quedándoles otra que aguantar dolores y malestares que se agravan con el transcurso de las horas. Parece que los mismos funcionarios del sector desacreditan lo literalmente vital de sus labores para la población en general.

En esta oportunidad, los médicos protestan contra dos decretos que establecen la libre elección de empresas aseguradoras y un nueva política de fiscalización del sistema de salud. El secretario permanente del Colegio Médico de Bolivia y presidente del de La Paz, Luis Larrea, dijo que las dos medidas dictadas por el Gobierno de Evo Morales van en contra de otras normas sanitarias.

Los galenos y los sindicatos temen que si las empresas y los trabajadores cambian con libertad a sus proveedores de seguridad sanitaria pueden complicarse las finanzas de varias entidades, pero también rechazan que se fiscalice el servicio de las aseguradoras, según reflejó la agencia EFE. Lo anterior bien podría resumirse en que prima una visión economicista de la salud y que, además, se rechaza la posibilidad de un control superior. ¿Cuán legítima es esta postura?

Cuando las demandas de algunos sectores son endebles, estas suelen englobar adicionalmente aspectos de otro orden que, aunque las dirigencias piensan que refuerzan las consignas, terminan debilitándolas. Para muestra, en esta ocasión, al rechazo a los dos decretos se suma la desaprobación del Colegio Médico sobre la gratuidad de los certificados médicos, como hace poco estableció el Ejecutivo, e incluso se demanda la continuidad de la criminalización del aborto. ¿Qué es lo que en el fondo buscan?

Verdad es por otro lado que, de lejos, el Gobierno no ha hecho todos los esfuerzos que debería para mejorar la atención salubre en el país, una necesidad de urgencia en cuya satisfacción ciertamente se ha aplazado. Pero, entre otros muchos aspectos que el Ejecutivo debe solucionar, a corto o mediano plazo debería también estar la posibilidad de declarar las huelgas de los trabajadores de salud como ilegales.

Sobran ejemplos de acciones similares en otros países en los que se entiende que no se puede suspender la atención en clínicas y hospitales. Una nota informativa del diario El Tiempo de Colombia dio a conocer en 2015 que médicos, enfermeras y los profesionales de la salud de ese país no podrían volver a entrar en huelga, pues sería considerada como ilegal. Así lo dejó claro la Corte Suprema de Justicia colombiana al ya declarar ilegal el cese de actividades en ese sector que tuvo lugar en agosto de 2013. El alto tribunal consideró que el derecho fundamental a la seguridad social debe prevalecer sobre el derecho a la protesta. La razón obedeció a que la suspensión de este tipo de trabajos “pone en riesgo la vida, la seguridad y la salud de las personas que lo requieren”.

Si en Bolivia se aplicara una determinación igual, no seríamos pocos los ciudadanos que la aplaudamos.