EL JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CAUTELAR NÚMERO 1 FIJÓ PARA EL 18 DE MAYO LA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL MAGISTRADO EDUARDO A. L.
El Consejo de la Magistratura echa a un juez por prevaricato
17 de mayo de 2017 (19:34 h.)
El Consejo Regional de la Magistratura en Cochabamba despidió al juez Eduardo A. L. por la presunta comisión del delito de prevaricato en un proceso judicial contra el propietario del condominio Plaza Real.
Tras una larga investigación y tomando en cuenta la reincidencia del juez en otro caso, el Consejo de la Magistratura determinó agradecer los servicios del juez a través de un memorándum el pasado viernes.
Además, apoyándose en su facultad prevista en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 025 del Órgano Judicial, el Consejo de la Magistratura presentó una denuncia formal contra Eduardo A. L. por el delito de incumplimiento de deberes y prevaricato en el proceso contra el propietario del condominio Plaza Real.
En ese marco, el Ministerio Público inició las investigaciones de la denuncia del Consejo de la Magistratura, en la que Silvia P. A. es parte querellante del proceso.
En la etapa preliminar de la investigación, el fiscal Pablo Guzmán encontró indicios de responsabilidad que demuestran que el juez es con probabilidad autor del delito que se le acusa e imputó a Eduardo A. L. por la comisión del delito de prevaricato.
El juez del Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar Número 1 fijó para el 17 de abril a horas 17:00 la celebración de la audiencia de medidas cautelares; sin embargo el abogado del imputado no se presentó y la audiencia fue suspendida.
La jueza Sandra Parra Flores sancionó al abogado del imputado con 2 mil bolivianos y fijó el 18 de mayo como nueva fecha para celebrar la audiencia de medidas cautelares contra el imputado Eduardo A. L.
ANTECEDENTES En un proceso judicial contra el propietario del condominio Plaza Real, ubicado en la avenidas Beijing y América, el juez Eduardo A. L. envió irregularmente a la cárcel de San Sebastián varones a Silvia P. A.
Sin embargo, el juez José Pompilio Coca revocó la decisión de su colega Eduardo A. L. y resolvió dar libertad irrestricta a Silvia P. A. argumentando que el delito utilizado para encarcelar a la víctima era de orden privado y no puede ser sancionado con una orden preventiva, como lo indica el Código Penal.
Silvia P. A. propietaria de un inmueble en Cochabamba, resultó perjudicada con la construcción de un condominio al lado de su casa y cansada del hecho presentó una denuncia formal contra Óscar M.
Apuntes
Tras una larga investigación y tomando en cuenta la reincidencia del juez en otro caso, el Consejo de la Magistratura determinó agradecer los servicios del juez a través de un memorándum el pasado viernes.
Además, apoyándose en su facultad prevista en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 025 del Órgano Judicial, el Consejo de la Magistratura presentó una denuncia formal contra Eduardo A. L. por el delito de incumplimiento de deberes y prevaricato en el proceso contra el propietario del condominio Plaza Real.
En ese marco, el Ministerio Público inició las investigaciones de la denuncia del Consejo de la Magistratura, en la que Silvia P. A. es parte querellante del proceso.
En la etapa preliminar de la investigación, el fiscal Pablo Guzmán encontró indicios de responsabilidad que demuestran que el juez es con probabilidad autor del delito que se le acusa e imputó a Eduardo A. L. por la comisión del delito de prevaricato.
El juez del Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar Número 1 fijó para el 17 de abril a horas 17:00 la celebración de la audiencia de medidas cautelares; sin embargo el abogado del imputado no se presentó y la audiencia fue suspendida.
La jueza Sandra Parra Flores sancionó al abogado del imputado con 2 mil bolivianos y fijó el 18 de mayo como nueva fecha para celebrar la audiencia de medidas cautelares contra el imputado Eduardo A. L.
ANTECEDENTES En un proceso judicial contra el propietario del condominio Plaza Real, ubicado en la avenidas Beijing y América, el juez Eduardo A. L. envió irregularmente a la cárcel de San Sebastián varones a Silvia P. A.
Sin embargo, el juez José Pompilio Coca revocó la decisión de su colega Eduardo A. L. y resolvió dar libertad irrestricta a Silvia P. A. argumentando que el delito utilizado para encarcelar a la víctima era de orden privado y no puede ser sancionado con una orden preventiva, como lo indica el Código Penal.
Silvia P. A. propietaria de un inmueble en Cochabamba, resultó perjudicada con la construcción de un condominio al lado de su casa y cansada del hecho presentó una denuncia formal contra Óscar M.
Según Silvia P. A. la construcción del condominio provocó el desmoronamiento de una casa y daños en las otras.
Apuntes
El 19 de octubre de 2016, el juez Eduardo A. L. determinó enviar irregularmente a la cárcel a Silvia P. A.
