En Venezuela ya van más de 45 días de continuas manifestaciones populares, y el régimen chavista, a la cabeza de Maduro, ha optado por la represión y la descabellada idea de convocar a una Asamblea Constituyente como fórmula para, dicen, salir de la crisis. Ahora pretende cerrar el actual Parlamento de mayoría opositora. Mientras duren las sesiones de la Constituyente, no se puede convocar a elecciones ni se puede cambiar Gobierno. Como se verá, el objetivo es quedarse en el poder a como dé lugar, por dos o cinco años que duren las sesiones de la Constituyente. Los bolivianos debemos estar conscientes de que aquí el régimen seguirá esa ruta y, por ello, ya está barajando las posibilidades para entornillarse en el poder sin someterse al voto popular. Saben que en un justa electoral no llevan las de ganar. Desde el centro de poder cubano, donde está de embajador Juan Ramón Quintana, se están elaborando dos opciones. Una es la idea del enarbolar la reconquista del “mandato constituyente originario”, bajo el precepto de que la Asamblea Constituyente de Sucre, en la que se establecía la reelección indefinida y vitalicia del Presidente y Vicepresidente, es la originaria y no derivada. Es decir que lo que se hizo después de Sucre (2008) en Oruro y La Paz no respetó el mandato originario y lo derivó a acuerdos que distorsionaron el mandato del pueblo. La segunda idea que están barajando los estrategas caribeños y andinos se refiere a la necesidad de abrir la actual CPE para modificarla en varios aspectos de forma y fondo. Esta idea la posicionarían en el ideario colectivo después del previsible fracaso de las elecciones judiciales de octubre de este año. El “brillante” planteamiento señalará que la actual CPE reconoce tres tipos de democracia: la representativa, la participativa y la comunitaria. Actualmente, la representativa ya está electa en el Parlamento, por lo que no sería necesario elegir representantes de nuevo, y simplemente se autoconvocaría, por mandato popular, a constituyentes. A esta democracia se le debe sumar los representantes de la democracia participativa (expresada en los movimientos sociales que son la base del proceso de cambio) y de la originaria (expresada en la organizaciones campesinas, indígenas y originarias controladas por el MAS). Los 150 delegados participativos los elegirían los movimientos sociales, según sus usos y costumbres, al igual que los 100 delegados de los IOC. De esta manera, en 2019 se instalaría la Constituyente con más de 400 miembros para hacer los cambios. Mientras se diseñe el “nuevo país”, no se podrá ir a ningún proceso electoral y todos los cargos elegidos en 2015 (Presidente, Vicepresidente, diputados y senadores convertidos en constituyentes, gobernadores, concejales y alcaldes) se mantendrían en sus cargos durante los dos o cinco años que dure la Constituyente.