A 25 años de que continuaban los actuados judiciales del bullado caso Finsa e inmobiliarias, hacemos un recuento de esta estafa piramidal masiva, a modo de que la población se mantenga alerta con este tipo de delitos. Por fortuna, hay actualmente un control más rígido de las entidades financieras, aunque ello no significa una total garantía de que no existan este tipo de ilícitos que, de hecho, son denunciados cada cierto tiempo.

En 1984, surgieron en Cochabamba entidades financieras de dudosa constitución, que se dedicaron a operaciones de acumulación de depósitos, preferentemente en dólares, con un retorno de intereses del 7 por ciento mensual. Quienes confiaron en tales empresas pretendían recuperar rápidamente lo invertido e incluso recibir altas ganancias. La oferta produjo una clientela masiva que arriesgó capitales, pese a que la lógica económica recomendaba desconfiar de las empresas que, para cumplir sus promesas, debían tener al menos un 84 por ciento de ganancias anuales.

Las primeras acciones de fiscalización del Estado llegaron de modo tardío. “Superintendencia de Bancos intervendrá ‘financieras”, tituló una nota de OPINIÓN del 2 de abril de 1990. Se informó la determinación de la entidad pública de tomar medidas sobre Finsa, Multiactiva, Orcobol, Vial e Ivanc, instituciones que funcionaban sin autorización.

Un día después, tales firmas publicaron un aviso en el que aseguraban cumplir requisitos y expresaban estar abocadas al fomento de fuentes de trabajo productivas y de servicios. No obstante, la supuesta solvencia de la mayor compañía de su tipo, Finsa (Firma Integral de Servicios Arévalo), despertó sospechas sobre sus propietarios, Nelson y Eddy Arévalo Páez, de quienes se presumía nexos con el lavado de dineros del narcotráfico.

A mediados de febrero de 1991, OPINIÓN informó que la DEA (agencia antidroga de Estados Unidos) incautó una avioneta usada para el tráfico de cocaína, y que los hermanos Arévalo fueron llamados a declarar por el hecho. Ambos a continuación se declararon en la clandestinidad, reclamando al mismo presidente de entonces, Jaime Paz Zamora, una “investigación justa”.

En los primeros días de marzo de 1991, se declaró la exoneración de los hermanos Arévalo en el tema de narcotráfico. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos congeló las cuentas de su empresa, para determinar los montos existentes y entregarlos a un comité de acreedores, en caso de quiebra. Fue un anticipo a la emisión del reglamento expedido por el Gobierno, que emitió el Decreto Supremo 22734. Mediante esa norma, se autorizó el funcionamiento de las empresas inmobiliarias bajo la denominación de “Casas Bancarias” y con la participación de socios.

Entretanto, la situación de quiebra de las cinco inmobiliarias se aceleró ante la corrida de depósitos de decenas de miles de socios. El primer caso más dramático fue el de los 22.000 socios de Finsa. En la primera semana de marzo de 1991, una muchedumbre se reunió frente al templo de San Juan de Dios para reunirse con los hermanos Arévalo. Como los propietarios de la compañía no asistieron, los afectados se crucificaron en la Plaza Principal e iniciaron una larga huelga de hambre.

El 17 de marzo se efectuó detención de los hermanos Arévalo en Santa Cruz, antes de su fuga al exterior, siendo remitidos para su juzgamiento por la estafa de 50 millones de dólares. En el transcurso del proceso, en el que los acusados gozaban de libertad condicional, se produjo, la madrugada del 30 de septiembre de 1991, la muerte de Nelson Arévalo, en circunstancias nunca esclarecidas. Su cuerpo con impactos de bala apareció en un vehículo estacionado en una céntrica plazuela de la ciudad.

En el siguiente año se emitieron órdenes de apremio contra 40 exfuncionarios de Finsa, por estar involucrados en la “estafa del siglo”, tal como la llamó el dirigente de los prestamistas, Augusto León, en una entrevista con OPINIÓN publicada el 8 de febrero de 1992.