FORO
Fallo favorable a represor causa tensión en Argentina
09 de mayo de 2017 (20:01 h.)
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de acortar la pena de un represor de la última dictadura (1976-83) sigue generando, una semana después, tensiones en el ámbito político y judicial y entre una sociedad que, en su mayoría, considera el fallo un claro retroceso en derechos humanos.
Con tres votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal del país austral aplicó la pasada semana la ley 24.390, conocida como 2x1, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001 y que establece que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, a partir de entonces cada día se computará doble a la hora de establecer la duración de la pena.
La sentencia fue dictada en el caso del civil Luis Muiña, condenado en diciembre de 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos en una cárcel clandestina durante el régimen militar. Los jueces Horacio Rosatti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz establecieron que, aunque los hechos fueron cometidos antes de la vigencia del 2x1 y juzgados tras su derogación, debía regir el principio de la "ley más benigna" para el condenado.
El fiscal federal Guillermo Marijuán decidió ayer imputar a los jueces, haciendo lugar así a la denuncia presentada por el abogado Marcelo Parrilli contra los magistrados, a los que acusó de prevaricación, es decir, de supuestamente haber dictado a sabiendas una resolución injusta.
La decisión del Supremo provocó el rechazo inmediato de las asociaciones de derechos humanos y de numerosos referentes sociales y políticos, incluidos varios miembros del Gobierno como el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quienes criticaron fuertemente la aplicación de este beneficio penitenciario.
Sin embargo, desde el propio Ejecutivo, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, apoyó los argumentos de los magistrados que votaron a favor, algo que también hizo Cecilia Pando, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, organización que engloba a militares procesados por la represión durante la dictadura.
"La sentencia genera un malestar en las víctimas y en las organizaciones de derechos humanos, que temen que se vayan licuando las penas para más casos de lesa humanidad. Es un tema tortuoso" que "conduce a protestas y a instalar un debate en la sociedad", dijo Bruno Tondini, miembro del Centro Argentino de Estudios Internacionales. Para el experto en Derecho Internacional, el caso evidencia una "lucha" entre la aplicación de la normativa interna, ya que la Constitución argentina no contempla el principio de la norma más benigna, y los tratados internacionales, que sí lo hacen pero, al mismo tiempo, establecen que los condenados por delitos de lesa humanidad no pueden gozar de amnistías o conmutaciones de penas. Por ello, Tondini ve urgente determinar por medio de una ley si este principio es aplicable o no en este tipo de casos para tratar de reducir el espacio de interpretación y, así, evitar tantas "idas y vueltas" en política criminal (...).
Con tres votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal del país austral aplicó la pasada semana la ley 24.390, conocida como 2x1, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001 y que establece que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, a partir de entonces cada día se computará doble a la hora de establecer la duración de la pena.
La sentencia fue dictada en el caso del civil Luis Muiña, condenado en diciembre de 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos en una cárcel clandestina durante el régimen militar. Los jueces Horacio Rosatti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz establecieron que, aunque los hechos fueron cometidos antes de la vigencia del 2x1 y juzgados tras su derogación, debía regir el principio de la "ley más benigna" para el condenado.
El fiscal federal Guillermo Marijuán decidió ayer imputar a los jueces, haciendo lugar así a la denuncia presentada por el abogado Marcelo Parrilli contra los magistrados, a los que acusó de prevaricación, es decir, de supuestamente haber dictado a sabiendas una resolución injusta.
La decisión del Supremo provocó el rechazo inmediato de las asociaciones de derechos humanos y de numerosos referentes sociales y políticos, incluidos varios miembros del Gobierno como el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quienes criticaron fuertemente la aplicación de este beneficio penitenciario.
Sin embargo, desde el propio Ejecutivo, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, apoyó los argumentos de los magistrados que votaron a favor, algo que también hizo Cecilia Pando, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, organización que engloba a militares procesados por la represión durante la dictadura.
"La sentencia genera un malestar en las víctimas y en las organizaciones de derechos humanos, que temen que se vayan licuando las penas para más casos de lesa humanidad. Es un tema tortuoso" que "conduce a protestas y a instalar un debate en la sociedad", dijo Bruno Tondini, miembro del Centro Argentino de Estudios Internacionales. Para el experto en Derecho Internacional, el caso evidencia una "lucha" entre la aplicación de la normativa interna, ya que la Constitución argentina no contempla el principio de la norma más benigna, y los tratados internacionales, que sí lo hacen pero, al mismo tiempo, establecen que los condenados por delitos de lesa humanidad no pueden gozar de amnistías o conmutaciones de penas. Por ello, Tondini ve urgente determinar por medio de una ley si este principio es aplicable o no en este tipo de casos para tratar de reducir el espacio de interpretación y, así, evitar tantas "idas y vueltas" en política criminal (...).