Impartir justicia en el país es un viejo anhelo que nace desde los inicios de la era republicana, como se evidencia de la intervención de quienes participan, de una manera u otra, en esa noble labor, ya sea desde los tribunales, la cátedra o el ejercicio profesional.

Una personalidad fulgurante y que vale la pena tenerlo como mentor es el jurista Luis Velasco, vicecanciller de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, miembro del consejo universitario y autor de la obra “Curso de Derecho Público”, prima obra sobre derecho público en Bolivia y, consecuentemente, el antecedente más remoto de las actuales disciplinas de derecho político, derecho constitucional y derecho administrativo.

Las enseñanzas de este maestro perduran en el tiempo y son dignas de tomarse en cuenta en toda circunstancia. Él manifiesta que Estado moderno y soberanía son términos que se autosustentan recíprocamente. El Estado, para ser tal, debe ser soberano, y la soberanía es el derecho. Ambos conceptos, dice, emanan de la razón.

En otro acápite sostiene que no basta con que la Constitución Política consagre derechos si estos no están respaldados por el intelecto y no son acordes al derecho natural inmanente. Concluye el primer constitucionalista en la cátedra afirmando: “La misión del Gobierno es hacer respetar los derechos de todos los asociados, proceder con justicia y equidad, y fundamentalmente cumplir la ley. De aquí la necesidad de un doble sistema de garantías del poder contra las resistencias individuales y garantías de los ciudadanos contra la opresión del poder. Allí donde faltan unas y otras, habrá sin duda anarquía y despotismo. Así pues, garantías de orden y garantías de la libertad son los principios constitutivos de buen gobierno. “El gobierno autoritario es señalado como de poder absoluto e inviolable, árbitro soberano de todos los derechos, señor y juez de todos los intereses. El pueblo se compone de esclavos y no de ciudadanos, el hombre no es más que una criatura que calla y obedece ante otro que quiere y manda”.

El profesor Velasco destina todo un acápite a la administración de la justicia con el imperante título: “De lo que es menester para que el Poder Judicial sea bien organizado”. En este documento, exige que los jueces sean nombrados por méritos propios, los cuales serían motivo de calificación por los representantes del pueblo, esto es por organismos colegiados integrados por los más eximios ciudadanos, como ser los representantes de gremios profesionales y los miembros de la Judicatura, quienes elaborarán una lista. De la misma serán elegidas las autoridades por el Presidente de la República. Esta autoridad jamás podrá dejar de considerar las ternas elaboradas, bajo sanción de responsabilidad. Ni Congreso ni Ejecutivo, dice el maestro, podrán influir de modo alguno en el Órgano Judicial.

Además, recomienda que los tribunales se compongan de un pequeño número de magistrados; que no se constituyan más tribunales que aquellos que exige la necesidad. Pide que los cargos de la magistratura no sean venales, y que el derecho de administrar justicia no sea propiedad o prerrogativa de nadie. Este primer tratado de Derecho Constitucional boliviano debía ser fuente básica de consulta por todos los que tienen responsabilidad directa o indirecta en la administración de justicia y la composición de ese órgano vital del poder del Estado.