Puerto Rico, en cuya quiebra algunos observadores ven paralelismo con las crisis económicas de Grecia y Argentina, representa la crónica anunciada de la caída de un territorio con un peculiar estatus político que recurrió para cuadrar sus presupuestos a la emisión de deuda hasta niveles insostenibles.

El caso de Puerto Rico, más allá de las inevitables comparaciones con esos dos países, es uno histórico al convertirse en la bancarrota más grande de un territorio bajo jurisdicción de Estados Unidos, al que la isla está unido como un Estado Libre Asociado, un estatus que le confiere cierto grado de autogobierno, pero no en política monetaria.

Una quiebra de 70.000 millones de dólares —de unos 20.000 dólares por habitante—, muy superior a la del caso más cercano de la ciudad estadounidense de Detroit, que en 2013 se declaró insolvente con una deuda de más de 14.000 millones de dólares, ha servido para sacar a la luz el asunto de la relación política de la isla con Estados Unidos, en la que algunos ven una de las causas de la bancarrota.

Rolando Emmanuelli, un abogado puertorriqueño especializado en quiebras y autor de un libro sobre la ley que servirá para que un tribunal tutele el proceso de bancarrota, señaló que hay paralelismos con Grecia o Argentina, pero que en el caso de la isla hay que tener en cuenta que no se trata de un estado soberano. "Hay similitudes si se buscan, pero Puerto Rico no controla su política monetaria y además no va haber rescate financiero", asegura el autor de "Promesa", un libro presentado esta semana que lleva el mismo nombre de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por su sigla en inglés).

Promesa fue aprobado en junio de 2016 por el Congreso estadounidense para abordar el asunto de la deuda después de que las autoridades estadounidenses se negaran a acudir al rescate de Puerto Rico, cuyo gobernador en 2015, Alejandro García Padilla, declaró impagable la deuda, a lo que siguieron los primeros incumplimientos con los acreedores.

Esta semana, el Gobierno de Puerto Rico, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo con los acreedores tras meses de negociaciones, pidió a la Junta de Supervisión, una entidad establecida por Promesa que controla al Ejecutivo local, que apelara al título III de Promesa una vez que comenzaron las demandas tras terminar la moratoria que impedía a los acreedores reclamar impago ante los tribunales.

Emmanuelli explica que estamos ante un caso jurídicamente muy complicado que queda ahora en manos de un tribunal federal que tendrá que decidir sobre qué cantidades cobran los acreedores en función de las posibilidades financieras del Gobierno. El abogado matiza que a pesar de que el Gobierno ha interpretado como un éxito, o al menos la mejor salida posible, el que se declare un proceso de quiebra la situación no es sencilla, ya que, por ejemplo, el juez que se encargue del caso podrá poner en marcha, en caso de que no haya liquidez, un proceso de liquidación de activos. Eso significa que edificios, museos y cualquier tipo de instalación podría tasarse para ser vendidos, un panorama que, probablemente, apunta el abogado, el Gobierno no ha analizado todavía. Además, estamos ante un proceso que puede durar años si se tiene en cuenta que en el caso de Detroit, mucho más sencillo y de una cantidad muy inferior, se cerró en 18 meses.