El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, negó ayer tener responsabilidad en la supuesta compra irregular de equipos de perforación a la empresa italiana Drillmec y señaló a una gerencia y dos unidades como las encargadas de ese proceso.

Achá confirmó que el contrato de Drillmec ha sido disuelto oficialmente y aseguró que se mantendrá en el cargo mientras el Gobierno no decida lo contrario.

En una rueda de prensa en La Paz, Achá sostuvo que la Presidencia y el directorio de YPFB solo dieron el visto bueno para iniciar el proceso de contratación, pero no fueron parte del mismo.

Señaló que las "posibles irregularidades que se tengan dentro del proceso" no pueden "recaer sobre autoridades como la Presidencia o el directorio" porque los reglamentos internos de la empresa establecen responsabilidades de las áreas que fueron parte del procedimiento de contratación.

En este caso, la Gerencia de Perforación fue la "unidad gestora" y también participaron las unidades Jurídica y Administrativa, dijo Achá.

El directivo de YPFB relató que la empresa tiene entre 4.000 y 5.000 procesos de adjudicación al año, que la dirección sigue los reglamentos internos y lo único que hizo en este caso es autorizar el inicio del proceso de adjudicación.

"Dentro de este proceso de contratación, dentro de estas observaciones que se han tenido en el proceso de contratación, esta Presidencia y el directorio en ningún caso forman parte de la gestión de este proceso de contratación", dijo según EFE.

El Presidente de YPFB también rechazó la denuncia realizada el martes por el senador opositor Óscar Ortiz, quien le acusó de haber autorizado con su firma un incremento de algo más de 60 millones de dólares para el precio de referencia para la adquisición de los equipos de perforación.

Ortiz pidió que el máximo responsable de la empresa sea incluido en la querella iniciada por el Ministerio de Justicia.

Achá explicó que en el primer concurso de adjudicación del proceso de compra se presentaron "empresas ensambladoras de equipos y no fabricantes de equipos de perforación".

"Para precautelar la garantía y operación continua de estos equipos, lo que se ha hecho es pedir cotizaciones sobre fabricantes de equipos de perforación, por lo que ha derivado este incremento de costo en una segunda convocatoria", justificó.

Guillermo Achá sostuvo que se mantendrá en el cargo mientras no tenga "otro tipo de instrucción por parte de autoridades de Estado" y expresó su disposición de cooperar con las investigaciones.

Apuntes

Investigación

La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos presentó el mes pasado los resultados de una investigación que detectó que hubo una "incorrecta adjudicación" en el contrato para la adquisición de los equipos de perforación de la empresa italiana Drillmec. El contrato de compra fue anulado por el Gobierno, tras un proceso de investigación.

Procesados

Como consecuencia de esa investigación, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional denunció ante la Fiscalía a quince funcionarios de YPFB y un representante de Drillmec, pero excluyó a Achá, lo que fue criticado por la oposición, que ha denunciado un supuesto sobreprecio en la compra.

Aseguran que hermana de Arce no participó y denuncian a otro ministro

LA PAZ/ANF

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, mediante un comunicado, señaló que la abogada de YPFB Ana Luz Jackeline Arce Zaconeta, hermana del ministro Héctor Arce, no participó en el proceso de contratación de la empresa Drillmec para la dotación de taladros. 

El Ministerio de Justicia afirma que la funcionaria es técnica jurídica de octavo nivel de YPFB desde hace tres años, y cuenta con veintiún años calificados como servidora pública.

“La mencionada abogada al ser personal técnico no participó en ningún proceso de licitación, ni adjudicación y mucho menos suscribió contrato alguno con la empresa Drillmec SPA”, se lee en la nota de prensa que rechaza “publicaciones falsas que circulan en las redes sociales”.

La cartera de Estado adjunta al comunicado la última página del contrato suscrito con la referida empresa, donde se evidencia que el mismo fue firmado por el abogado Julio Kjari Nina, actualmente denunciado por el ministro Héctor Arce ante la Fiscalía.

HERMANOS DE MINISTRO “No puede ser que las autoridades acomoden a sus familiares en instituciones del Estado”, protestó el diputado Amílcar Barral al denunciar que el ministro de la Presidencia, René Martínez, tiene a cuatro de sus parientes como funcionarios en el Estado. Y de tres ministros sus familiares ocupan cargos en YPFB.

"Es un despropósito que cuatro hermanos del Ministro de la Presidencia trabajen en el Estado", criticó el diputado Amílcar Barral en contacto con ANF.

El ministro Martínez, confirmó que sus hermanos trabajan como servidores públicos, aseguró que sus designaciones fueron "regulares" y que no existe incompatibilidad ni favorecimiento porque sus funciones no se realizan en la misma institución.

"Mis hermanos comenzaron sus carreras como servidores públicos incluso mucho antes de que yo asuma la condición de autoridad electa. Son profesionales con formación académica solvente y sus designaciones fueron regulares", dijo a ANF a través de un breve comunicado.

La declaración la hizo después que se conoció que cuatro de sus hermanos: Juan Adhemar, Sandro, Nelson Eddy y José Luis Martínez Callahuanca trabajan en Insumos Bolivia, en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, respectivamente.