A inicios de semana, se conoció el caso de una joven que, practicando puenting (actividad en la cual una persona se lanza desde una altura elevada, con uno de los puntos de una cuerda elástica atada a su cuerpo, y el otro extremo sujetado al punto de partida del salto), sufrió un accidente.

El pasado domingo, informaron las agencias noticiosas, la joven de 20 años saltó del puente La Negra, ubicado en la carretera antigua entre Santa Cruz y Cochabamba. Presuntamente debido a que las cuerdas no lograron sostenerla, la mujer colisionó contra el río, que en ese momento se encontraba con bajo caudal.

Para efectuar tal acción, la joven contrató los servicios de la empresa especializada en deportes extremos Andean Trek, cuyo representante posteriormente dijo que la caída no causó lesiones graves y que la mujer se recuperaba satisfactoriamente, pudiendo “hablar, caminar e incluso bailar". La compañía aseguró contar con varios años de experiencia y no haber sufrido un evento similar. Según información que comparte en redes sociales, cuenta con equipo deportivo profesional, que brinda servicios de escalada deportiva, cañoning, puenting, trecking, montañismo bicking y parapente.

Ante el hecho, el Gobierno anunció sanciones, a través del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Guillermo Mendoza. "La empresa Andean Trek recibirá la prohibición temporal de provisión de servicio hasta la otorgación de garantías que garanticen la integridad física de las usuarias y los usuarios", señaló la autoridad, mediante un comunicado. "No vamos a permitir que algunas empresas sean irresponsables con el trabajo que ofrecen, por eso vamos a desplegar personal para que realice el control correspondiente".

Son castigos que, por supuesto, aplaudimos. Sin embargo, pensamos que, tratándose de que en tales actividades se pone en serio riesgo la vida, las medidas deberían ser aún mayores. El Estado tendría que decretar regulaciones específicas para el sector, entre las primeras, la creación de un registro nacional que permita, por ejemplo, identificar claramente las responsabilidades en caso de siniestros similares.

Yendo a otro tema, recordemos que el accidente fue grabado por una ocasional espectadora. El video se difundió masivamente en las redes sociales, ámbito desregulado que, sabemos, tiene pocas o ninguna restricción para imágenes que pueden dañar la sensibilidad.

Lo que nos llama la atención —de modo autocrítico, incluso— es cómo se procesó esta noticia. Y es que, en su gran mayoría, los medios audiovisuales y digitales optaron en principio por hacer un simple y vulgar “copy - paste” del audiovisual casero. Alguno advirtió sobre el contenido fuerte de las imágenes. Otros dieron algún breve contexto informativo de las tomas. Ninguno se preocupó desde el inicio por verificar la autenticidad de lo difundido, menos por la salud de la víctima. Escuetas líneas de respaldo como “se desconoce la identidad de la joven” o “se ignora su actual estado de salud” muestran que la intención de televisoras, diarios y agencias, antes de informar bien, es generar audiencia o tráfico en sus sitios digitales.

Fuera del mal gusto al difundir imágenes duras, si nos pusiéramos en el lugar familiares y allegados de la joven, comprenderíamos la urgencia que, en caso de desconocer la situación de la afectada, tendrían ellos de una información completa. No la damos y parece que no la daremos, pues estamos envueltos en la psicosis de redes sociales e internet, que exige inmediatez antes que reflexión o profundidad. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte muchos periodistas nos hemos convertido en simples copiadores y pegadores de lo que circula en las redes. No vaya a sorprendernos que alguien con un poco de ingenio desarrolle una app que haga lo mismo y nos vuelva ya del todo prescindibles.