Cochabamba, Bolivia, Miércoles 26 de abril de 2017
Editorial

Obras paralizadas

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26/04/2017 | Ed. Imp.
El Gobierno rescindió otros dos contratos que tenía con la española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, por el deterioro de una carretera construida por esa empresa y el abandono del mantenimiento de otra ruta, y también cobrará los avales bancarios de ambos proyectos por 42 millones de dólares, informó ayer OPINIÓN.

Las obras comprometidas son: la carretera entre los pueblos de Yucumo y Quiquibey, en la Amazonía, y un tramo de la doble vía que une las regiones de La Paz y Oruro, informó el ministro de Obras Públicas, Milton Claros. "Hemos verificado en los dos tramos que no hay presencia de la empresa. Entonces estamos ejecutando también esos contratos y esas boletas (...). Son 42 millones de dólares en total que se van a ejecutar".

Según Claros, en el caso de la doble vía La Paz-Oruro, Corsán Corviam incumplió una cláusula del contrato por la que se comprometió a hacer mantenimiento de la ruta durante cinco años tras la entrega de la obra, que se concretó en febrero de 2015. En cuanto a la carretera entre Quiquibey y Yucumo, la obra, que fue inaugurada hace cinco meses, "está presentando algunas observaciones en la ejecución final". El plazo para evitar el cobro de avales bancarios en el caso del tramo Quiquibey-Yucumo concluyó el pasado 20 de abril y mañana lo hará el de la doble vía La Paz-Oruro.

El Gobierno ya rescindió por abandono de obras los contratos con Corsán Corviam para construir la carretera entre los pueblos amazónicos de Ixiamas y San Buenaventura y de la planta hidroeléctrica de Miguillas, situada en el norte de La Paz. El Estado contrató la construcción de esa ruta por 137 millones de dólares, y de la hidroeléctrica por 397.9 millones de dólares.

En un comunicado, la señalada compañía admitió haber paralizado las obras, por supuestas razones de "seguridad física de las personas, incumplimientos contractuales no atribuibles al contratista y eventos sobrevenidos a la ejecución de obras que no han sido resueltos".

Ahora bien, el caso de Corsán no es ni de lejos el único en el que el Estado ha tenido que cobrar boletas de garantía y/o rescindir contratos ante su incumplimiento, con lo que las obras quedan paralizadas y el perjuicio es generalizado. Casi mensualmente se dan a conocer nuevas de estas sanciones a empresas de diversa procedencia, una buena parte de ellas chinas. El fracaso de las compañías internacionales obedece a múltiples factores, que van desde las ineficiencias propias hasta el desconocimiento de sus ejecutivos de la realidad y leyes laborales bolivianas. Lo lamentable del asunto es que la mayoría de las empresas nacionales que podrían efectuar las obras con mayor efectividad no tienen los capitales suficientes como para presentarse a las licitaciones.

De cualquier modo, aplaudimos que el Estado tome cartas en el asunto y castigue a las malas empresas que no hicieron su trabajo. Lo ocurrido con Corsán, por ejemplo, seguramente sentará otro precedente más para las compañías que, sin calibrar bien todas las implicancias de una obra pública, compiten para adjudicársela y luego, al no poder cumplir con los plazos, la abandonan.

No obstante, creemos que el Estado debe hacer un seguimiento aún mayor de sus emprendimientos, verificando todo el tiempo el respeto de los plazos, incluso mucho antes de que estos venzan. Por otro lado, una acción de similar o mayor importancia es que, cuando los trabajos quedan paralizados y las empresas a cargo se alejan, con la mayor rapidez y agilizando el funcionamiento de la burocracia, se busque rápidamente una contratista sustituta. Y es que son muchos los casos de obras inconclusas que quedan como elefantes blancos, hasta el límite de que lo hecho a medias queda inservible con el paso del tiempo. De ese modo, el dinero de todos los bolivianos queda en la nada.


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