La revisión y el tratamiento del Código del Sistema Penal se encuentra en la última etapa de revisión y la Asamblea Legislativa Plurinacional se apresta a comenzar su tramitación, pese a la polémica generada por uno de sus artículos, el 157, que amplía las causales para un aborto legal hasta las ocho semanas de gestación.

La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostiene que ese tema es utilizado por grupos de oposición que no quieren debatir sobre el fondo del proyecto, que plantea que una mujer que aborte al margen de las causales legales, tendrá de 1 a 3 años de cárcel y sobre los otros temas que contiene el proyecto global en sus más de 600 artículos.

Salvatierra, en entrevista con OPINIÓN, habla del avance del tratamiento del documento y de su alcance que busca transformar el sistema penal boliviano, hacia una justicia restaurativa y no solo punitiva.

Entre otras cosas, afirma que la Iglesia católica asistió a las audiencias públicas con el secretario de la Conferencia Episcopal como su representante.

PREGUNTA: ¿Cuál es el avance del debate y la búsqueda de consenso sobre el proyecto del Código del Sistema Penal?

RESPUESTA: Se ha tenido audiencias públicas con diversas instituciones que han presentado observaciones sobre algunos artículos del Código del Sistema Penal.

También nos hemos reunido con la Coalición Contra la Tortura y con los colectivos que se autodenominan Plataforma por la Vida, los colectivos de diferentes organizaciones de mujeres, se ha mantenido reuniones y mesas técnicas con el Ministerio Público y la Policía Boliviana.

Ahora el Código ya ha sido enviado para su revisión al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno y a las instancias correspondientes.

Lo que queda de aquí hacia adelante es terminar de cerrar algunos puntos técnicos con los insumos que se han generado en las audiencias públicas y pasar a su aprobación. Esperamos nosotros que esto ya pueda realizarse a más tardar la primera semana de mayo.

P.: El tema del aborto es el que más polémica está generando. ¿Hay algún consenso o posibles modificaciones en ese tema?

R.: Primero, pretender empantanar la discusión solo en ese tema, cuando lo que se está buscando es transformar la justicia en el sistema penal, parece ser parte de una estrategia mediática para deslegitimar todo un proceso de construcción de una opción transformadora para la justicia.

De todas maneras, en este tema, ya se han realizado audiencias con ambos colectivos (los que impulsan la legalización del aborto y los que se oponen). Por un lado, los colectivos que defienden los derechos de las mujeres presentaron una propuesta para mejorar la actual redacción del proyecto y también está los de la Plataforma por la Vida que básicamente plantearon que se mantengan las cinco causales que hoy en día permiten el aborto que son: violación, estupro, incesto, rapto no seguido de matrimonio y riesgo para la vida de la madre.

P.: ¿Y cuáles son los resultado de esas audiencias?

R.: En la propuesta de la Plataforma por la Vida, vemos una contradicción, primero plantean todo un discurso de defensa de la vida desde la concepción y, sin embargo, después piden, en contraruta, mantener las causales que ya despenalizan el aborto por cinco motivos (en el actual Código Penal). Segundo, lo que hacen es desviar el debate de fondo, nosotros en esta propuesta del Código del Sistema Penal hablamos de una justicia restaurativa, una justicia que plantee una respuesta diferente frente a una infracción penal, de una forma constructiva, que esté basada en la reparación del daño, que no esté basada en la venganza, que no solamente busque encarcelar a las personas.

Y si hablamos de una justicia restaurativa, ¿cuál es la utilidad de meter a la cárcel a una mujer que aborte?, porque también se plantea (en el proyecto) cárcel de 1 a 3 años. Entonces, desviar el debate sobre el aborto como lo quieren hacer, anula al otro debate que objetivamente se debe tener en el sistema penal: Una mujer que interrumpe su embarazo, ¿debe ir o no a la cárcel? y, si va, ¿por cuántos años? Ese es el problema de fondo.

P.:La Iglesia católica denuncia que fue excluida del debate sobre el aborto y algunos de sus miembros han emitido fuertes cuestionamientos...

R.: El Estado no puede legislar en base a criterios confesionales, el Estado debe velar por el conjunto de la sociedad.

Evidentemente, en esta campaña de desinformación, de mentiras, que busca generar desconfianza en la ciudadanía, la Iglesia católica miente. El señor Erwin Bazán, vocero de la Iglesia católica, vocero de la Conferencia Episcopal, participó en la audiencia pública, consta en las listas, en las fotos. La Iglesia católica y otro conjunto de iglesias e instituciones que están vinculadas a diferentes creencias, participaron representadas en esta plataforma (Plataforma por la Vida).

P.:El Código del Sistema Penal es un proyecto amplio y complejo que está demandando un proceso largo. ¿El trabajo de revisión y búsqueda de consenso es exhaustivo?

R.: Este proceso ha convocado a los mejores profesionales, los mejores especialistas en materia penal que tenemos a nivel nacional y ha sido revisado y ponderado por eminencias del derecho penal a nivel internacional. El doctor Carlos Alberto Binder (jurista argentino), por ejemplo, que ha estado en las presentaciones entre otros, son quienes han dado fe de que este proyecto es ambicioso y también revolucionario porque plantea toda una tranformación dentro de la justicia en materia penal. No olvidemos que este código del sistema penal no solamente plantea la regulación de la política criminal en la parte sustantiva, sino también de la procedimental, pero además comprende la parte teórica que abarca toda la interpretación de la justicia restaurativa, todo un marco teórico donde se transita desde la justicia punitiva hacia la justicia restaurativa, donde enfatiza centralmente no sólo la necesidad del castigo, sino que enfatiza, fundamentalmente, un proceso de reconocimiento de la infracción, reparación a las victimas, de restauración del daño y de reintegración de la persona infractora a la sociedad.