El Gobierno oficializó ayer que rescindirá dos contratos con la empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, por el abandono de la construcción de una carretera y una hidroeléctrica y ratificó que cobrará los avales bancarios entregados por la firma por 151 millones de dólares, según EFE.

Los ministros de Obras Públicas, Milton Claros, y de Energías, Rafael Alarcón, confirmaron ayer por separado a los medios que se tomarán ambas medidas, tras una reunión del consejo de ministros.

Según las autoridades, Corsán Corviam abandonó en marzo pasado y sin dar explicaciones la construcción de la carretera entre los pueblos amazónicos de Ixiamas y San Buenaventura y de la planta hidroeléctrica de Miguillas, situada en el norte del departamento de La Paz.

El Estado contrató la construcción de la ruta por 137 millones de dólares y de la hidroeléctrica por 397,9 millones de dólares.

En el caso de la carretera, Claros dijo que el contrato se rescindirá y que el trámite para cobrar los avales bancarios se iniciará este jueves.

Sostuvo que la empresa tuvo la oportunidad de "enmendar cualquier situación que se presentó" desde que fue notificada sobre la intención de cobrar los avales bancarios, pero no lo hizo.

"Entonces lo único que corre son las ejecuciones y es lo que vamos a hacer", agregó Claros.

En cuanto a la hidroeléctrica, Alarcón dijo que "ya se ha planteado la resolución del contrato" y se enviaron las notificaciones a los bancos "para el cobro de las boletas de garantía".

Las garantías bancarias entregadas por la empresa por la carretera suman alrededor de 34 millones de dólares y por la hidroeléctrica, 117 millones de dólares, según han informado la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), ambas estatales.

Claros advirtió de que, además de cobrar los avales bancarios, el Estado puede tomar acciones legales contra Corsán "por los perjuicios y daños" ocasionados. "Es irresponsable la actitud que ha tomado la empresa, no existe buena voluntad por parte de la empresa y es algo que está claro. Nosotros nos reservamos el derecho de tomar acciones legales", indicó el Ministro de Obras Públicas.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió el lunes que la firma española "sea responsable con los contratos", además de expresar la disposición de su Gobierno a conversar con la Embajada española en La Paz y opinar que la constructora está haciendo "mucho daño" a la imagen de España.

Los opositores en el Parlamento han solicitado informes al Gobierno por la situación de esas obras para que se aclare lo que consideraron "una estafa" al Estado boliviano y los daños que afrontan las empresas bolivianas subcontratadas por Corsán.

La oposición también ha solicitado otro informe sobre el estado de la carretera entre los pueblos de Yucumo y Quiquibey, también en la Amazonía, que fue inaugurada hace cinco meses por Morales, pero que, según legisladores opositores, está en "total deterioro".