Pese a que la Fiscalía imputó hace más de dos meses al juez del Tribunal de Sentencia 2, Eduardo A.L.,por el delito de prevaricato, él no ha sido sometido aún a una audiencia de medidas cautelares. Esta semana se instaló una, pero tuvo que ser suspendida debido a que el juez se presentó sin abogado. La jueza Sandra Parra fijó como nueva fecha de audiencia el 18 de mayo a las 9:00. y advirtió que si en esa ocasión acuden nuevamente sin defensor, el acto se llevará a cabo de todas formas.

El juez Eduardo A.L. ordenó que una mujer fuera enviada a la cárcel de varones San Sebastián, por un delito de acción privada (difamación, calumnias e injurias) que según las leyes bolivianas no tiene prisión. La víctima del caso es Silvia Antezana, quien denunció hace siete años que el dueño del condominio Plaza Real, Óscar Majluf, construyó ese inmueble con más pisos de los que permitía la norma municipal, gracias a que funcionarios aprobaron sus planos irregularmente. Un juez le dio la razón, pero no lo consideró un delito y Majluf la acusó de difamación, calumnias e injurias. El juez ordenó cárcel para ella y otra autoridad enmendó ese fallo.

Tras una investigación, el Consejo de la Magistratura denunció al juez Eduardo A.L. ante la Fiscalía por prevaricato. A la audiencia cautelar del juez tampoco asistieron los abogados de oficio, Agneta Miranda y Marco Antonio Ramírez, pese a que sabían de la misma.