El sentenciado cumplirá la pena en la cárcel de El Abra. El prostíbulo funcionaba frente a la Policía.

El Tribunal de Sentencia No. 2 de Quillacollo sentenció a nueve años de cárcel, por el delito de proxenetismo, a un hombre acusado de prostituir a una menor de edad que fue reportada como desaparecida. El proxeneta, además de administrador del local, resultó ser el tío de la menor abusada.

La información sobre la sentencia fue dada a conocer ayer por el Fiscal Departamental de Cochabamba, Óscar Vera.

Una de las fiscales corporativas asignadas al caso, Cynthia Prado, contó a OPINIÓN que el hecho fue difícil porque la víctima se encontraba reacia a brindar su declaración y hubo reticencia de la Alcaldía de Quillacollo.

La adolescente desapareció de su hogar en septiembre de 2016. Sus familiares informaron sobre el problema a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Con datos proporcionados por un familiar que dijo haber visto a la menor en el prostíbulo administrado por el tío de la menor, se realizó un operativo.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Óscar Vera, lamentó que en la sociedad se haya hecho costumbre o naturalizado la prostitución de menores a manos de proxenetas, “chulos”, “cafisos” o de sus propios parientes como en este caso.

El Tribunal dispuso que Romer I., acusado por el delito de proxenetismo, cumpla su condena en el penal de El Abra, en la ciudad de Cochabamba, según un comunicado del Ministerio Público.

El fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, resaltó la labor de la Fiscalía Corporativa de Atención Especializada a Víctimas de Violencia en este caso, ya que se trata de la primera sentencia que se emite contra una persona acusada de aprovecharse de la vulnerabilidad de una menor para "lucrar" con su cuerpo.

La víctima, quien fue reportada como desaparecida, fue hallada en un lenocinio situado frente a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) de Quillacollo que funcionaba las 24 horas del día, según el Ministerio Público.

"La importancia de esta condena radica en el desarrollo alcanzado por los administradores de Justicia que adquieren la convicción para considerar este tipo de delitos como atentatorios al orden social y de grave violación a los derechos humanos de las menores", manifestó.